Ministros dan luz verde a Consulta Popular para enjuiciar a ex presidentes
Con ocho votos a favor de los 11 ministros, el Pleno reformula la pregunta en los siguientes términos: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Con seis votos a favor y cinco en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Consulta Popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los cinco ex mandatarios que gobernaron México de 1988 al 2018, es constitucional, pues su finalidad no viola el artículo 35, fracción VIII, numeral 3o. de la Constitución General.
De acuerdo con el Tribunal Pleno, la consulta no debe interpretarse en el sentido de que está encaminada a que las autoridades de impartición y procuración de justicia cumplan o dejen de cumplir con sus atribuciones, como lo planteó el ministro Luis María Aguilar Morales en su proyecto en contra de la solicitud presidencial para realizar este ejercicio democrático.
Estas son de ejercicio obligatorio; sino que se encamina, de manera más amplia, a consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, con la finalidad de garantizar la justicia y los derechos de las víctimas, consideraron.
En ese sentido, con ocho votos a favor de los 11 ministros, el Pleno determinó que la pregunta ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?, debe ser reformulada en los siguientes términos:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Durante las próximas 24 horas la Suprema Corte notificará al Senado de la República los puntos resolutivos de su determinación para los efectos conducentes.
Ministros a favor
- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente SCJN: (Constitucional)
- Juan Luis González Alcántara Carrancá: (Constitucional)
- Margarita Ríos Farjat: (Constitucional)
- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: (Constitucional)
- Yasmín Esquivel Mossa: (Constitucional)
- Alberto Pérez Dayán: (Constitucional)
Ministros en contra
- Javier Laynez Potisek: (Inconstitucional)
- Jorge Mario Pardo Rebolledo: (Inconstitucional)
- Fernando Franco González Salas: (Inconstitucional)
- Norma Piña Hernández: (Inconstitucional)
- Luis María Aguilar: (Inconstitucional)
En poco más de dos horas de análisis y discusión del proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, cada uno de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó su postura.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente, puntualizó que el máximo tribunal no puede ser una puerta cerrada a la participación ciudadana.
Cuando ejercemos la competencia revisora que la Constitución nos asigna, debemos ser muy cuidadosos de no frustrar indebidamente los objetivos de una consulta; no debemos confundir la procedencia de la consulta con sus efectos vinculantes y pueden consultarse todas aquellas que no estén expresamente prohibidas, para abrir las puertas a la reflexión ciudadana.
La materia de esta consulta se limita a pronunciarse sobre el diseño y el rumbo de la política criminal del Estado, lo cual no está prohibido, acotó.
Zaldívar sostuvo que la presente consulta no busca restringir los derechos humanos o sus garantías. La consulta que se nos plantea no asume que las personas que menciona son responsables… lo que la consulta busca conocer es simplemente si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y en su caso sancionen su presunta responsabilidad en la comisión de delitos, sostuvo.
No podemos obviar que los ex presidentes son personalidades públicas y por tanto se convierten en sujetos de interés para la deliberación pública, agregó.
(Fotos Twitter)
