Gobierno y Policía de México, obligados a proteger, y no atacar, a activistas contra feminicidios: ONU
(Noticias ONU)
Un grupo de expertas independientes de la ONU afirma que “no hay nada más irónico e indignante que el reciente espectáculo de la policía atacando a aquellas que protestaban contra la violencia y la muerte que las mujeres enfrentan todos los días en México”. Y recuerdan que el gobierno tiene la obligación de crear un entorno en el que las mujeres puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión
Siete expertas en derechos humanos y un relator de la ONU llamaron al Gobierno y a la Policía de México a proteger, y no atacar, a las mujeres que se manifiestan pacíficamente contra la violencia.
Días atrás, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también expresó su preocupación por la opresión violenta de un grupo de mujeres que protestaron contra el feminicidio en Cancún, México.
Según reportes de prensa, la protesta feminista por el asesinato de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado Alexis fue reprimida por las autoridades a tiros, y hubo dos reporteros heridos de bala.
No hay nada más irónico e indignante que el reciente espectáculo de la policía atacando a las mujeres que protestaban contra la violencia y la muerte que las mujeres enfrentan todos los días en México, dijeron las expertas.
Día contra la violencia de género
El llamado se produce unos días antes del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre y es el inicio de la campaña anual de los 16 Días de Activismo contra la violencia de género que termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos de la ONU.
La violencia no puede utilizarse en absoluto para reprimir a las mujeres que sólo quieren vivir una vida libre de violencia para ellas mismas y para todas las mujeres y niñas, que protestan contra el feminicidio, la forma más letal de violencia contra las mujeres y que exigen justicia por las víctimas, afirman las expertas en un comunicado.
Añaden que ahora más que nunca, es vital que las autoridades mexicanas respeten y protejan el derecho de reunión pacífica, mientras lo respaldan públicamente.
Obligación del gobierno mexicano
Sin embargo, agregaron, durante las manifestaciones la amenaza de acoso sexual, violencia, arresto y detención que las mujeres enfrentan diariamente en público se vuelve aún peor.
El gobierno mexicano, a todos los niveles, tiene la obligación de crear un entorno en el que las mujeres puedan ejercer con seguridad y plenamente su derecho a la libertad de reunión, sin miedo a represalias, continúan en el comunicado.
Advierten que las autoridades deben garantizar que la fuerza sólo se utilice como último recurso y de conformidad con el principio de proporcionalidad, que no se empleen armas letales, y que las mujeres no sean agredidas sexualmente en futuras protestas.
Las expertas pidieron que se adoptaran medidas concretas para luchar contra la cultura del machismo dentro de la policía, como el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, pero también para luchar contra los estereotipos de género en la sociedad.
Por encima de todo, debe haber responsabilidad por la forma en que agentes de policía tratan a las mujeres manifestantes y a las defensoras de derechos humanos, que desempeñan un papel crucial en la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, dijeron.
En junio, las expertas en derechos humanos de la ONU plantearon al gobierno mexicano su preocupación por la intimidación y las amenazas contra quienes promueven los derechos de las mujeres, en particular las amenazas contra las defensoras de derechos humanos y son conscientes de los esfuerzos de las autoridades y otras instituciones públicas para hacer frente a este patrón de violencia en el contexto de las protestas y la violencia contra las mujeres.
Las expertas que firman el comunicado son la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović; la relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor; y las participantes en el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas: Elizabeth Broderick (presidenta), Dorothy Estrada-Tanck, Meskerem Geset Techane, Ivana Radačić y Melissa Upreti (vicepresidenta). Junto con ellas también firma el comunicado Clément Voule, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
