Cámara de Diputados aprueba sanciones a quienes con fines de lucro tomen casetas de peaje

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación, para sancionar a quienes con fines de lucro interrumpan el tránsito vehicular y la operación de los servicios de peaje.

En lo particular, el dictamen recibió 334 votos a favor, 96 en contra y 17 abstenciones. El Pleno aceptó la reserva presentada por la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río.

En ella se estipula, en el artículo 533, que quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro, interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

También, se acordó eliminar el artículo 533 Bis, el cual proponía que a quienes en el ejercicio de la conducta establecida en el artículo anterior obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen en vías generales de comunicación, serán sancionados con 6 meses a siete años de prisión y multa de 750 a 1000 Unidades de Medida y Actualización vigentes.

La diputada Huerta del Río argumentó que la eliminación de dicho artículo es para proteger al movimiento social, el cual es pacífico y no lucra; se trata de cuidarlo de los delincuentes que, usándolo como pretexto, han cobrado millones de pesos. 

Al fundamentar el dictamen y desde plataforma digital, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado panista Víctor Manuel Pérez Díaz, precisó que la intención es brindar mayor certeza jurídica y garantizar el Estado de derecho en las vías generales de comunicación.

Mencionó que se sanciona a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte, en algunos de ellos, con afanes de lucro.

Es conocido, dijo, el fenómeno que se da en el país sobre el bloqueo de casetas de cobro, lo cual afecta a que mercancías de primera necesidad no lleguen a su debido tiempo; en casos extremos paraliza la actividad económica, incrementa los precios de algunos productos y pone en riesgo la integridad y la seguridad de los usuarios de las mismas.

El diputado Pérez Díaz precisó que en los hechos, se han visto en bloqueos a las vías generales de comunicación a personas que son seudomanifestantes. La propuesta no pretende criminalizar ni coartar el derecho a la libre manifestación.

Los bloqueos, añadió, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, durante 2019 y lo que va del presente año, originaron pérdidas sectoriales cercanas a los siete mil millones de pesos; esto representa un golpe a las finanzas del Estado mexicano.

En el presente año, los bloqueos a las vías férreas se han incrementado 119 por ciento respecto a 2019, y en promedio su duración es de 12 días. Al paralizar puntos estratégicos se entorpece el traslado de mercancías y la actividad económica.

El objetivo es coadyuvar a dotar de las herramientas necesarias para que las y los ciudadanos cuenten con mayor seguridad y se evite el desorden, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de las vías generales de comunicación y atender este fenómeno que daña al Estado y a la sociedad.

Con el establecimiento de las sanciones propuestas, los que dictaminamos entendemos que son proporcionales con la gravedad de la sanción, ya que tratan de compensar el perjuicio al patrimonio de la Federación, ocasionado por quienes realizan las acciones de bloqueo y que impiden el cobro derechos de peaje y por el uso de carreteras federales, acoto el legislador del blanquiazul.

Se busca, agregó, que quien interrumpa la prestación de servicios u operación de carreteras, vías férreas y aeropuertos se les imponga un castigo; se establecen agravantes para sancionar con mayor fuerza cuando tienen fines de lucro. La seguridad e integridad de los usuarios de carreteras de cuota está en constante riesgo, pues al no cubrir la cuota de peaje no se cuenta con una póliza de cobertura ni están protegidos ante accidentes viales.

El diputado Víctor Manuel resaltó que el bloqueo de los servicios de peaje es un negocio inmenso, es un nuevo huachicoleo; en promedio, grupos delincuenciales obtienen ganancias por 500 mil pesos en cinco horas. En casetas con mayor afluencia como la de Tlalpan, en la Ciudad de México, puede ser por arriba del millón de pesos.

Reiteró que no se criminaliza la libre manifestación y anunció que se presentará una reserva para reforzar el respeto a las garantías constitucionales, establecidas en la Carta Magna, en donde se mantienen las penas como se encuentran actualmente a la ley vigente.

El propósito de estas reformas, recalcó, es castigar a quien con fines de lucro interrumpen el tránsito de los medios de transporte y así cuidar la seguridad e integridad de los usuarios y de la ciudadanía en general, la transportación de mercancía y la economía nacional.

Se rechaza moción suspensiva

El Pleno rechazó una moción suspensiva del diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) para regresar a Comisión el dictamen, a efecto de que se elaborara de mejor manera, por considerar que el mismo es insuficiente. Además, dijo estar de acuerdo en que no siga el desorden que hay en la toma de casetas por grupos delincuenciales que hacen negocios.

(Fotos Twitter/Diputados)