Diputados aprueban ley que pone límites a agentes extranjeros y elimina su inmunidad
El documento establece que todos los agentes extranjeros, sin importar del país que sean, compartan con las autoridades mexicanas toda la información que recopilen. Además, todo funcionario mexicano contactado por éstos, tendrá que reportarlo por escrito a las autoridades federales
La Cámara de Diputados aprobó este martes un controversial proyecto de ley que limita la cantidad de agentes extranjeros y elimina su inmunidad. El dictamen fue enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador para su promulgación.
La votación se produjo cuatro días después de que el hasta ayer secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, dijo que la propuesta perjudicaría la cooperación transfronteriza y beneficiaría a los cárteles del narcotráfico.
Con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones, la Cámara baja dio luz verde a la iniciativa propuesta por el presidente López Obrador y aprobada por el Senado de la República.
El documento establece que todos los agentes extranjeros, sin importar del país que sean, compartan con las autoridades mexicanas toda la información que recopilen. Además, todo funcionario mexicano contactado por éstos, tendrá que reportarlo por escrito a las autoridades federales.
El viernes, al afirmar que el gobierno estadounidense estaba preocupado por la propuesta, William Barr sostuvo que de aprobarse haría más difícil la cooperación entre nuestros países. Esto haría que los ciudadanos de México y Estados Unidos estén menos seguros.
La aprobación de esta propuesta sólo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y a otros delincuentes que estamos combatiendo de manera conjunta, agregó Barr.
El proyecto de ley incluye una promesa vaga de mantener en secreto cualquier información que sea compartida con México. Tradicionalmente, México ha dependido de los agentes estadounidenses para generar la mayoría de su información de inteligencia sobre los cárteles de narcotráfico, pero tiene un historial de funcionarios que han filtrado ese tipo de información y en ocasiones, incluso la han compartido con las organizaciones de narcotráfico.
En la mayoría de los países, el principal agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) tiene total inmunidad diplomática y otros agentes tienen algún tipo de inmunidad limitada o técnica. El documento aprobado elimina todo tipo de protección y libertades para actuar a estos elementos de seguridad internacionales.
La iniciativa también especifica que cualquier funcionario público mexicano, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, que intercambie aunque sea una llamada telefónica o mensaje de texto con un agente estadounidense, deberá entregar un informe escrito a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana dentro de los tres días siguientes.
El columnista y ex diplomático Gabriel Guerra dijo que las nuevas normas eran comprensibles dado que la conducta de los agentes de la DEA ha sido un tema conflictivo en el pasado.
Guerra señaló que se necesitan algunas reglas de compromiso y que los funcionarios mexicanos necesitan rendir cuentas a su propio gobierno.
Pero el legislador Fernando Macías Olvera, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), criticó la nueva propuesta. Gobernadores y alcaldes en el norte de México, donde el panismo tiene una sólida presencia, han dependido desde hace tiempo de una cooperación cercana con las agencias del orden público estadounidenses para combatir a las organizaciones de narcotráfico.
¿Cuál es la respuesta? Amenazar con sancionar administrativa y penalmente a municipios y estados por tener comunicación y colaboración con agentes internacionales extranjeros, cuando es una práctica por décadas en estados y municipios fronterizos, sostuvo el diputado del blanquiazul.
Macías Olvera agregó que es una represalia, es una respuesta del gobierno federal al gobierno estadounidense por el caso Cienfuegos, en referencia a la molestia de México por el arresto del ex secretario de la Defensa Nacional del país, Salvador Cienfuegos Zepeda, cuando llegaba al aeropuerto de Los Ángeles en octubre pasado por cargos de que ayudó a los cárteles de droga a cambio de sobornos.
Bajo presión de las amenazas implícitas de México en torno a restringir la entrada o expulsar a agentes estadounidenses, los fiscales cedieron y abandonaron su caso para que Cienfuegos pudiera regresar a México y ser investigado, aunque hasta ahora no se le han presentado cargos bajo la ley mexicana.
Mike Vigil, ex director de operaciones internacionales de la DEA, predijo que la información estadounidense que se comparta bajo la nueva ley será filtrada, va a comprometer a los agentes y va a comprometer a los informantes.
El historial de filtraciones está bien documentado. En 2017, el comandante de una unidad de inteligencia de la policía mexicana que recibió información de la DEA fue acusado de pasar esa información al cártel de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de millones de dólares.
Los agentes estadounidenses también han sido atacados en México, como fue el caso del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, quien fue torturado y asesinado por narcotraficantes en 1985. Pero también ha habido casos de abusos por parte de los estadounidenses: un doctor mexicano absuelto por su participación en ese asesinado, supuestamente fue secuestrado y torturado por agentes de la DEA e informantes mexicanos en 1990 en México.
(Fuente APNews/Foto Twitter/Diputados)
