Propuesta de la OEA confronta a gobierno y oposición en Bolivia

Los comentarios del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre la detención en Bolivia de la ex presidenta interina Jeanine Áñez han atizado la confrontación entre el gobierno de Luis Arce y la oposición.

Almagro propuso crear una comisión internacional para investigar los casos de corrupción, liberar a los detenidos y que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad.

La propuesta fue rechazada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, al sostener en un comunicado que descalificar a la justicia boliviana es un exceso inadmisible y que Almagro no tiene autoridad moral, debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y su posición denota injerencia e intromisión.

Más tarde, en un nuevo documento, la cancillería boliviana llamó a todos los estados miembros a defender la Carta de la OEA que privilegia la no intervención y asegura que Bolivia defenderá su soberanía, la independencia de sus órganos y no caerá en provocaciones malintencionadas.

Sin embargo, la propuesta del titular de la OEA fue bien recibida por la oposición, que en los últimos días ha realizado protestas contra la detención de Áñez, dos ex ministros y ex jefes militares. Nos hacemos eco de un llamado a conformar una comisión internacional ante la inexistencia de una justicia imparcial, dijeron la víspera en un manifiesto los comités cívicos, que además amenazaron con un paro nacional si siguen las detenciones.

En paralelo, la Asamblea Legislativa, de mayoría del partido de Arce, Movimiento al Socialismo (MAS), aprobó una resolución en contra de la supuesta injerencia de Almagro en asuntos internos de Bolivia, mientras que la oposición la rechazó en medio de protestas callejeras de diferentes sectores con diferentes pedidos, pero unidos por el rechazo a la detención de la ex presidenta Áñez.

La misión de observadores de la OEA que denunció un presunto fraude electoral en las elecciones de 2019 desencadenó un estallido social que dejó 36 muertos y forzó la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien buscaba su cuarto mandato consecutivo a pesar de que esa posibilidad había sido rechazada en un referendo nacional. El ex presidente exiliado primero en México y actualmente en Argentina, acusó entonces a Almagro de confabular en su contra.

Los violentos choques entre seguidores y opositores de Evo Morales dejaron varias víctimas en casi un mes de protestas callejeras, pero también la represión de las fuerzas del orden cuando Áñez asumió el poder, causaron la muerte de 19 partidarios del ex mandatario. Por esos crímenes la Fiscalía ha acusado a Jeanine Áñez y a los otros detenidos de sedición y terrorismo.

La oposición acusa a  Evo Morales y a su núcleo duro de impulsar un revanchismo. Tras las detenciones el presidente Luis Arce ha guardado silencio, pero su partido y sindicatos indígenas que lo respaldan anunciaron movilizaciones para reclamar justicia.

La crisis complica la situación de Arce, que a cuatro meses de asumir el gobierno enfrenta cuestionamientos por el lento avance de la vacunación contra la Covid-19, mientras sectores productivos y laborales reclaman medidas efectivas para reactivar la economía.

A ese panorama se suma el revés que sufrió el MAS en las recientes elecciones de gobernadores y alcaldes de las que la oposición salió fortalecida.

(Fuente APNews/Fotos Twitter)