CNDH promueve acción de inconstitucionalidad contra la prisión preventiva oficiosa
“Las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a diversas leyes que establecen la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, cuando se trate de diversos delitos, vulnera los derechos a la libertad personal, al debido proceso, las garantías judiciales y el principio de presunción de inocencia”, argumenta el organismo autónomo
Redacción Círculo Rojo
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México adoptó este lunes una postura poco común contra una de las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador al promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a diversas leyes que establecen la procedencia de la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de diversos delitos, lo que vulnera los derechos a la libertad personal, al debido proceso, las garantías judiciales y el principio de presunción de inocencia.
Precisa que las reformas al Código Penal en cuestión, así como a la Ley General en Materia de Delitos Electorales; a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley de Vías Generales de Comunicación, distan de ajustarse al principio de excepcionalidad y están apartadas de estándares internacionales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lejos de generar que la medida sea aplicada de manera excepcional y casuística, ordenan que en todos los casos en que el juez de control esté ante la probable comisión de cualquiera de los delitos señalados en tales normas, deberá ordenarse la prisión preventiva en perjuicio del imputado, afectando con ello sus derechos humanos, al no considerar la posibilidad de revisar periódicamente la necesidad de la medida, subraya el organismo autónomo.
Asimismo, la dependencia que encabezada por Rosario Piedra Ibarra establece que las normas impugnadas transgreden el debido proceso, las garantías judiciales y la presunción de inocencia de las personas, en virtud de que las disposiciones reclamadas ordenan que las personas deberán ser privadas cautelarmente de su libertad, aun cuando no se ha ventilado un proceso con las formalidades correspondientes y sin que se demuestre con las pruebas pertinentes y suficientes su culpabilidad en la participación o comisión de una conducta delictiva.
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