ONU condena uso de militares para reprimir protestas en Colombia
Varios relatores y expertos independientes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenan la represión de las protestas pacíficas en Colombia y están consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza al tiempo que piden que se investiguen las muertes y otras violaciones de los derechos humanos
Expertos* en derechos humanos de la ONU y OEA, condenan la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia, y pidieron al Gobierno que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las muertes reportadas, la violencia sexual, las denuncias de tortura, los casos de presuntas detenciones arbitrarias y los de desaparición forzada registrados.
Estamos profundamente consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía y los miembros del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) contra manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos y periodistas en varios lugares del país, manifestaron.
Los expertos han recibido informes de al menos 26 muertes, en su mayoría jóvenes, mil 876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones, incluyendo a policías, aproximadamente 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, al menos 12 casos de violencia sexual, así como alegaciones de tortura. Además, se han producido al menos 69 agresiones contra defensores de derechos humanos.
El 28 de abril de 2021, los trabajadores colombianos, liderados por una alianza de sindicatos y grupos sociales, empezaron a manifestarse pacíficamente en toda Colombia contra una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Iván Duque Márquez, entre ellas un proyecto de ley de reforma fiscal que supuestamente profundizaría la desigualdad, según explican los encargaos de supervisar el cumplimiento de los derechos humanos.
A pesar de que el Presidente anunció el 2 de mayo que el proyecto de reforma fiscal se retiraría, las protestas continuaron. La gran mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, pero se reportaron también actos de violencia.
Los militares no deberían vigilar manifestaciones
Una de las cuestiones que más les preocupa es la participación de los militares en la respuesta del Gobierno. Subrayaron que el personal militar se forma y entrena principalmente para defender al país contra las amenazas de carácter militar y no debería ser utilizado para vigilar las manifestaciones.
Los expertos independientes también expresaron su alarma por los violentos ataques reportados contra la Minga indígena en Cali.
Rechazamos cualquier intento de acusar a los pueblos indígenas de participar con armas en las protestas pacíficas. Además, pedimos a las autoridades que tomen medidas para evitar que se extienda la estigmatización contra los manifestantes, dijeron.
Se ha reportado una represión contra los medios de comunicación, incluyendo censura, restricciones de Internet, así como ataques y acoso a periodistas.
Las autoridades colombianas deben respetar la libertad de expresión y de prensa, y garantizar que los periodistas puedan cubrir las noticias en condiciones de seguridad, añaden los especialistas.
El uso de la fuerza potencialmente letal es una medida extrema, a la que sólo se puede recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente.
Las armas menos letales, por el contrario, deben emplearse únicamente sujetas a requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad, cuando las medidas menos dañinas resulten ineficaces.
Investigaciones imparciales e independientes
Por todo ello, los relatores pidieron a las autoridades que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, efectivas, imparciales e independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos, procesar y castigar a los responsables de dichas violaciones, y garantizar una reparación adecuada, incluyendo la indemnización a las víctimas y a sus familias. También instaron al gobierno a revelar el paradero de todas las personas detenidas.
Los expertos, que han estado en contacto recientemente con el Gobierno, solicitaron a las autoridades que respeten el derecho de reunión pacífica en futuras protestas, a que velen por que el uso de la fuerza se utilice respetando los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad. Seguiremos vigilando de cerca la evolución de la situación, los expertos concluyeron.
*Los expertos firmantes del comunicado de prensa son: Clément Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos; El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias: El Tae-Ung Baik (presidente), Henrikas Mickevičius, (vicepresidente), Aua Balde, Bernard Duhaime y Luciano Hazan; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria: Leigh Toomey (presidenta), Elina Steinerte (vicepresidenta), Mumba Malila, Miriam Estrada-Castillo y Priya Gopalan; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y rancisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
Pedro Vaca Villarreal es el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fue creada para impulsar la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio, dado el papel fundamental que este derecho juega en la consolidación y desarrollo del sistema democrático.
Soledad García Muñoz es la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales fue creada para orientar, desarrollar y profundizar su labor de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en las Américas, teniendo en cuenta el carácter interdependiente e indivisible de todos los derechos humanos.
