CIDH condena el grave escalamiento de la represión en Nicaragua

Redacción Círculo Rojo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación y enérgica condena por el grave escalamiento de la represión en Nicaragua registrado en los últimos días. La CIDH hizo un llamado urgente al presidente Daniel Ortega a cesar la represión y, en particular, a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente.

El 9 de junio, la CIDH condenó el reciente e intensivo escalamiento de la represión en contra de personas y organizaciones opositoras, defensoras de derechos humanos y de la prensa independiente.

En particular, la Comisión condenó la detención y criminalización de Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García, quienes habían hecho públicas sus precandidaturas presidenciales, en el contexto de las elecciones generales previstas para noviembre próximo.

Asimismo, la CIDH manifestó su preocupación por las recientes detenciones y criminalización de los líderes y lideresas políticos y personas defensoras de derechos humanos ocurridas entre el 8 y 14 de junio, Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri Chamorro, José Bernard Pallais Arana, Dora M. Téllez, Ana Vijil, Suyen Barahone, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, está última beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión. Asimismo, se tuvo conocimiento de la detención de Luis Alberto Rivas Anduray, Gerente del Banpro el 15 de junio.

Según información pública del Estado, estos casos, salvo el de Cristiana Chamorro a quien se le imputan delitos de presunto lavado de activo, se investigan bajo la Ley No.1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz, por realizar supuestos actos tendientes a menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación.

En tanto, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión ha recibido información y testimonios que indicarían el empleo desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional al momento de las detenciones. En la mayoría de los casos, se argumentó el allanamiento de los domicilios, sin mediar orden judicial.

Asimismo, familiares y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de información sobre el lugar donde se encuentran detenidas, y sobre su estado de salud. Entre otros casos, la CIDH destacó que desde el 8 de junio no se conoce el paradero de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Además, según fuera informado, algunos de los familiares de las personas detenidas habrían acudido cotidianamente a las instalaciones del Chipote para verificar la ubicación de sus familiares y, en su caso, proveer alimentos e insumos básicos.

La CIDH fue informada sobre la negativa a proporcionar información por parte de las autoridades e inclusive, la restricción e impedimento a los familiares para proporcionar alimentos. En algunos casos, las autoridades habrían permitido el ingreso únicamente de alimentos líquidos, sin confirmar la eventual entrega de los mismos y sin saber si se encuentran en dicho lugar.

En este contexto, preocupa particularmente la información recibida sobre el estado de salud de José Pallais, quien habría sufrido una descompensación y se encontraría en estado delicado.

Conforme a la información recibida, la CIDH advierte además que, el Estado no estaría garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, debido a que no cuentan con acceso a sus abogados y representantes legales, y la mayoría se encuentran incomunicadas.

Asimismo, la CIDH recibió información sobre la realización de audiencias secretas, sin representación legal, realizadas en instalaciones distintas a los juzgados y tribunales de Managua. De igual manera, la Comisión tomó conocimiento sobre la falta de efectividad de los recursos de habeas corpus o exhibición personal presentados.

Desde el inicio de la crisis en 2018, la situación de derechos humanos en Nicaragua ha seguido deteriorándose, en un contexto de impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho.

A la fecha, la respuesta violenta del Estado ha resultado en al menos 328 víctimas mortales; más de 2 mil personas heridas; más de 100 mil que han migrado a otros países, la mayoría de ellas en busca de protección internacional; más de mil 600 personas privadas de la libertad, ilegal y arbitrariamente en diferentes momentos de la crisis.

De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, articulado por la sociedad civil local, hasta la fecha, más de 124 personas permanecen privadas de su libertad de manera arbitraria.

La Comisión insta al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la persecución y las detenciones arbitrarias, y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas en contexto de la crisis iniciada en el 2018, garantizar su integridad y seguridad personal, y a restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos.

La Comisión observa la resolución (CP/RES 1175) acordada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el pasado 15 de junio de 2021, que condena la ya referida intensificación de la represión y urge al Estado la adopción de medidas que aseguren elecciones libres y justas en el país, concluyendo que las actuales condiciones no las hacen posibles.

Finalmente, la CIDH reafirmó, como órgano regional de protección a los derechos humanos, su compromiso de continuar monitoreando la situación en el país, con el fin de velar por la protección a la vida y la integridad física de las personas, defensa de las víctimas y la libertad de expresión del pueblo nicaragüense.

(Fotos Twitter)