México demanda por daños a fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos

Redacción Círculo Rojo

Ante la negligente e irresponsable comercialización de armas de fuego estadounidenses, utilizadas para segar vidas en México, este miércoles el gobierno federal presentó en la Corte de Distrito de Massachusetts, una demanda civil por daños contra fabricantes y distribuidores en la Unión Americana como Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt’s Manufacturing Company, Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc, entre otras.

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), consideró necesario que las empresas desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores, pero esencialmente, agregó, incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para prevenir que sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito; y que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en nuestro país.

El canciller mexicano, aclaró que la demanda no pretende cuestionar el derecho a comercializar armas en otro país, sino denunciar que determinadas prácticas negligentes en ese comercio generan un daño en México, pues las organizaciones criminales en ambos lados de la frontera compran en supermercados, por Internet, ferias de armas y a traficantes, miles de pistolas, rifles, armas de asalto y municiones, que son utilizadas en la comisión de actos ilícitos en nuestro país.

Al advertir que el Gobierno de México es respetuoso de las libertades y derechos que otorgan las legislaciones de otros países, Marcelo Ebrard puntualizó que desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México.

Inclusive en ataques en contra de las autoridades. Sin poder ignorar el uso que se da a esas armas en México, los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma, apuntó el canciller al precisar que el monto de la demanda por los daños causados será determinado en el juicio.

Por su parte, el senador Ricardo Monreal Ávila insistió en el hecho de que muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso y la introducción ilegal de armas a nuestro país.

Recordó que hace unas semanas el Congreso presentó un punto de acuerdo sobre el uso de armas, aprobado por unanimidad, en el que se solicitó la acción de la cancillería contra este mal, pues es al que se atribuye el aumento de la violencia, el armado de los cárteles y grupos criminales, que cometen no sólo tráfico de drogas, sino también secuestros, asesinatos, homicidios y muchos otros delitos.

De igual manera, el consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, dejó claro que esta demanda no es en contra del Gobierno de los Estados Unidos, a quien le reconocemos el esfuerzo y el ánimo de tratar de detener el tráfico ilícito y su convicción de establecer regulaciones; sin embargo, mencionó que estas acciones no han sido suficientes para evitar el trasiego de armas de alto poder a nuestro país.

Asimismo, la académica María De Haas subrayó que el tráfico de armas es el antagonismo sistémico que está generando afectaciones multidimensionales en la región, pues la violencia que genera el aumento de poder de fuego de los delincuentes, genera movimientos migratorios en Centroamérica; a su vez, el poder armamentista es usado para proteger mercancía ilícita, como los precursores químicos y opioides sintéticos, dentro de los cuales el fentanilo es el de más gravedad. En este sentido, aseguró que el tráfico de armas debe ser visto como el catalizador de amenazas más preocupante de este siglo.

Finalmente, Steve Shadowen, de la firma Hilliard & Shadowen, hizo hincapié en que este es un litigio estratégico para dar cuenta de lo que no se ha hecho en materia de tráfico de armas, por lo que vale pena destacar las áreas de oportunidad, como la responsabilidad de los productores y distribuidores de armas, toda vez que ellos cuentan con información y datos en tiempo real respecto a quiénes están comprando las armas y en dónde.

Se precisó que la demanda del Gobierno de México en contra del comercio negligente de armas en Estados Unidos y de su tráfico a nuestro país, es una iniciativa basada en la confianza en las instituciones de ambas naciones. El propósito  es combatir un problema regional de grandes magnitudes que cobra muchas vidas humanas, y que se suma a los distintos esfuerzos que realiza nuestro país para combatir al tráfico ilícito de armas.

(Fotos SRE)