INAI pide conocer de la FGR causas penales por enriquecimiento ilícito
Al revocar la respuesta de la Fiscalía General de la República, el INAI ordena a la FGR revelar las causas penales por enriquecimiento ilícito, del 1 de enero de 2012 al 1 de marzo de 2021. La información deberá estar desglosada por año, entidad federativa, número de causa penal, nombre del juzgado o tribunal y el estado donde se ubica. Así como el sentido de la sentencia y en qué consistió, además del nombre de la persona servidora pública sentenciada, institución a la que pertenecía y su cargo
Por: Martín Velasco
De las 106 denuncias presentadas entre septiembre de 2019 y junio de 2020, por hechos probablemente constitutivos de delitos que pudiesen afectar los intereses de la Federación, el 39.6 por ciento fueron por enriquecimiento ilícito, reveló este lunes el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al revocar la respuesta de la Fiscalía General de la República, el INAI ordenó a la FGR revelar las causas penales por enriquecimiento ilícito, del 1 de enero de 2012 al 1 de marzo de 2021.
La información deberá estar desglosada por año, entidad federativa, número de causa penal, nombre del juzgado o tribunal y el estado donde se ubica. Así como el sentido de la sentencia y en qué consistió, además del nombre de la persona servidora pública sentenciada, institución a la que pertenecía y su cargo, precisó la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena al puntualizar que la Fiscalía entregó incompleta la información solicitada
Al presentar el caso ante el Pleno, Ibarra Cadena planteó que, de acuerdo con el segundo informe de labores de la Secretaría de la Función Pública, entre septiembre de 2019 y junio de 2020, se presentaron 106 denuncias por hechos probablemente constitutivos de delitos que pudiesen afectar los intereses de la Federación, de las cuales 39.6 por ciento fueron por enriquecimiento ilícito.
Por lo que para prevenir, identificar y, en su caso, sancionar este delito y los actos de corrupción de servidores públicos, es fundamental garantizar la máxima publicidad de esta información.
Pero también para dimensionar el problema, conocer los avances, detectar o advertir irregularidades y encontrar nuevos enfoques para diseñar políticas públicas más eficientes.
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