Corte de Massachusetts da curso a demanda de México contra fabricantes y distribuidores de armas

El pasado 4 de agosto, México presentó una demanda contra fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses en un Tribunal federal de Boston con la que busca poner fin a los daños masivos generados por el tráfico ilegal de armamento y una compensación económica de al menos 10 mil millones de dólares. En las próximas etapas, el Gobierno de México presentará sus argumentos legales y la evidencia que sustenta su reclamo, incluidos el papel que juegan los demandados y sus productos en la situación de violencia armada en el país

Redacción Círculo Rojo

La Corte de Distrito de Massachusetts, notificó a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses sobre la demanda que presentó el pasado 4 de agosto el Gobierno de México en la que los señala de incurrir en prácticas comerciales negligentes e ilegales que han provocado un gran derramamiento de sangre en nuestro país.

El inicio del proceso fue considerado por el canciller Marcelo Ebrard como un primer gran paso. En su cuenta de Twitter difundió el registro de las citaciones a Beretta USA Corp, Colt’s Manufacturing, Glock Inc., Smith & Wesson Brands, Sturm Ruger & Co, Witmer Public Safety Group y Barret Firearms Manufacturing, empresas que tienen 60 días para responder.

A comienzos de agosto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó una demanda contra fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses en un tribunal federal de Boston con la que México busca poner fin a los daños masivos generados por el tráfico ilegal de armas y una compensación económica millonaria por parte de las empresas.

Entre los demandados están algunos de los mayores fabricantes de armas e Interstate Arms, un mayorista de la zona de Boston que vende armas de todos menos uno de los fabricantes a tiendas minoristas de Estados Unidos.

El Gobierno de México sostiene que las empresas saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a a grupos criminales y lo facilitan.

La acción judicial señala que su objetivo es poner fin a los daños masivos que causan los acusados al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México.

Refiere que el 70% de las armas traficadas al país provienen de Estados Unidos, y que en 2019, al menos 17 mil homicidios estuvieron vinculados a ellas.

Se estima que los daños provocados por las armas traficadas equivaldría a entre 1.7% y 2% del Producto Interno Bruto mexicano. El gobierno pedirá una compensación de al menos 10 mil millones de dólares, dijo. El PIB mexicano fue de 1.2 billones de dólares el año pasado.

La venta de armas de fuego está estrictamente limitada en México y controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, desde hace años las autoridades sostienen que los cárteles de la droga introducen miles de armas de contrabando, principalmente desde Estados Unidos.

En agosto de 2019, un hombre mató a tiros a 23 personas, incluidos ciudadanos mexicanos, en un supermercado Walmart en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Marcelo Ebrard dijo en ese entonces que el gobierno estudiaría sus opciones legales.

La Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó en un comunicado que la industria realice prácticas comerciales negligentes, como sostiene México.

(Fotos Twitter)