FGR solicitará nuevamente ordenes de aprehensión contra científicos del Conacyt

Redacción Círculo Rojo

Luego de que este miércoles un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, estado de México, negó en definitiva a la Fiscalía General de la República girar órdenes de aprehensión en  contra de 31 investigadores de instituciones académicas por presuntos delitos cometidos por el uso indebido de recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la FGR anunció que volverá a solicitar el mandato judicial.

La Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, había denunciado a los integrantes del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico por supuestamente recibir, de manera ilegal, 50 millones de pesos del Conacyt durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, de acuerdo con el juez, los elementos presentados por la FGR no se ajustan a los tipos penales, ya que los académicos sí tenían facultades para recibir el dinero y administrarlo con base al artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

La carpeta de investigación abierta contra los científicos fue iniciada por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y comprende la posible comisión de ilícitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada.

El año pasado se inició una primera investigación, la cual no fue judicializada, y a principios de este año se abrió una nueva pesquisa registrada con el número de expediente FEM/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000222/2021, que es la base de las acciones emprendidas ahora por el Ministerio Público.

Esta tarde, la FGR puntualizó que ante la negativa de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos ex funcionarios del Conacyt, por delitos patrimoniales en contra del erario público, y después de que había sido filtrada a los medios dicha solicitud cuando ya se había presentado ante la autoridad judicial, esta institución considera que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso.

Refiere que en su negativa el Juez de Distrito señala que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza.  

Establece que ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra  de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria.

La FGR advierte que por esas razones, el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas.  

Por lo anterior, reitera que volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.

En su comunicado, la FGR considera que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables; y no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho.

La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial, concluye.

Las órdenes de aprehensión fueron solicitadas por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, derivados de los 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el Conacyt al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.

La FGR argumentó ante el juez que de enero de 2013 a junio de 2019 el Conacyt transfirió en forma ilegal 244 millones de pesos al foro, pues se había creado como una asociación civil tres meses antes de que se publicara el estatuto que permitía su constitución, por lo que no podía ejercer actos de administración sobre los recursos del Conacyt.

(Fotos Twitter)