Impunidad, sigue siendo la norma en México: HRW

Redacción Círculo Rojo

Lentas e ineficientes han sido las reformas aprobadas en México para combatir la tortura y la impunidad. Las violaciones de derechos humanos —incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos— han continuado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018, un año después de los primeros cambios legislativos en la materia.

Así lo describe la organización internacional,Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2021, al advertir que el presidente López Obrador ha ampliado considerablemente el ámbito de las actividades de las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público y control de aduanas, control de la migración irregular, gestión de programas sociales y el desarrollo y operación de megaproyectos.

Sistema de justicia penal

Puntualiza que en el ámbito judicial, es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal. Según la organización no gubernamental Impunidad Cero, apenas 1.3 % de los delitos cometidos en México son resueltos. Esto se debe a diversos motivos, que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y otros funcionarios abusivos. Según informan organizaciones locales que abogan por los derechos humanos y el Estado de derecho, una reforma adoptada en 2018 para proporcionar mayor independencia a los fiscales no ha sido implementada adecuadamente.

Abusos militares

México ha utilizado activamente a las Fuerzas Armadas en acciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo cual ha propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos. Entre 2014 y 2019, la CNDH recibió aproximadamente 3 mil denuncias relacionadas con presuntos abusos militares.

En 2019, se creó la Guardia Nacional, para reemplazar a la policía federal como principal organismo de orden público del gobierno. Esta fuerza de Seguridad es dirigida por militares, recibe entrenamiento de militares y está integrada mayormente por soldados.

En mayo de 2020, el presidente encomendó formalmente a fuerzas militares que asistieran a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Actualmente, los militares están habilitados legalmente para detener a civiles, preservar escenas del crimen y proteger evidencias. Durante gobiernos anteriores, encomendar estas tareas a las fuerzas militares contribuyó a graves encubrimientos de violaciones de derechos humanos, destaca el organismo de Derechos Humanos.

Tortura

Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica con mayor frecuencia en el plazo que transcurre entre la detención de las víctimas —a menudo arbitraria— hasta que estas son puestas a la disposición de agentes del Ministerio Público.

Durante este periodo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares o en centros de detención ilegales. Una ley de 2017 estableció la ilegalidad de usar confesiones obtenidas mediante tortura como pruebas en procesos penales. Sin embargo, las autoridades no suelen investigar las denuncias de torturas.

Desapariciones

Desde 2006, las desapariciones forzadas perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido un problema generalizado. Las organizaciones delictivas también han sido responsables de numerosas desapariciones. El gobierno reportó más de 75 mil personas desaparecidas hasta noviembre de 2020, la gran mayoría del año 2006 en adelante.

En este rubro, el gobierno de López Obrador ha adoptado medidas orientadas a determinar y publicar la cantidad real de personas desaparecidas. En 2019, una respetada defensora de derechos humanos fue nombrada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Desde entonces, el gobierno ha creado una plataforma en línea para que las personas puedan denunciar desapariciones de forma anónima y para mostrar estadísticas en tiempo real de la cantidad de personas desaparecidas, sin incluir información de identificación personal.

Sin embargo, es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no realicen siquiera las tareas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas; frecuentemente, indicando a familiares de desaparecidos que investiguen por su cuenta.

La CNB informó que desaparecieron más de 7 mil personas en 2019. Ese año, la Fiscalía General de la República abrió solamente 351 carpetas de investigación de desapariciones y procesó penalmente apenas 2 casos.

Ejecuciones extrajudiciales

En noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación ante señalamientos de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares y policías y la impunidad en estos casos. Aunque la Secretaría de Defensa ha señalado que dejó de registrar la cantidad de civiles muertos a manos de militares en 2014, diversas organizaciones de sociedad civil manifestaron en 2019 que declaraciones emitidas por el secretario indican que esa información sí existe.

Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos

Periodistas y defensores de derechos humanos —especialmente aquellos que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de cárteles delictivos— han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y grupos delictivos.

Existe evidencia de que se está empleando vigilancia digital en espacios públicos, sin ningún tipo de marco jurídico ni supervisión para ello, de maneras que podrían tener un efecto amedrentador sobre la libertad de reunión y el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán en la cantidad de asesinatos de periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras. Según indica la CNDH, 24 periodistas han sido asesinados desde que López Obrador asumió la presidencia. En 2019, periodistas registraron 609 amenazas, ataques u otras formas de agresiones. Ese sería el año con la cifra más alta registrada hasta el momento.

Derechos de mujeres y niñas

En 2018, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer manifestó su preocupación ante la persistencia de patrones de violencia generalizada contra mujeres, incluyendo violencia sexual. El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia de género y sexual. Algunas disposiciones, incluyendo aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la castidad de la víctima, contravienen los estándares internacionales.

Migrantes y solicitantes de asilo

Cárteles delictivos, delincuentes comunes, y en ocasiones policías y funcionarios de migración, actúan regularmente en contra de personas que migran a través de México, con el fin de robar, secuestrar, extorsionar, violar o matar. Las bandas criminales suelen hacerlo bajo la tolerancia o con la participación de ciertas autoridades, según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013.

Estos delitos rara vez son denunciados, investigados o penalizados. En 2019, la CNDH recibió 606 denuncias de abusos contra migrantes y el Ministerio Público inició 72 investigaciones de delitos contra ellos.

Orientación sexual e identidad de género

El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en 20 de los 32 estados del país. En otros estados, las parejas del mismo sexo deben presentar un recurso de amparo para que se les permita contraer matrimonio. En 2019, la Suprema Corte determinó que una pareja del mismo sexo en Aguascalientes debía recibir autorización para registrar a su hijo, para proteger el interés superior del niño y reivindicar los principios de igualdad y no discriminación.

Doce estados permiten que las personas transgénero cambien sus nombres e identificadores de género en sus certificados de nacimiento mediante un simple trámite administrativo ante el registro civil del estado.

Derechos de las personas con discapacidad

Durante el gobierno del presidente López Obrador sigue habiendo graves deficiencias en la protección de los derechos de las personas con discapacidad; por ejemplo, en materia de acceso a la justicia, acceso a remedios efectivos, capacidad jurídica y consentimiento informado en decisiones de salud; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación.

En muchos estados, las personas con discapacidad no tienen otra alternativa más que depender de sus familias para recibir asistencia o vivir en instituciones, lo cual es incompatible con su derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad. Las personas con discapacidades reciben escasa protección o asistencia del gobierno y se encuentran expuestas a mayor riesgo de abuso y desatención de sus familiares.

Covid-19

El Gobierno de México no ha adoptado muchas de las medidas básicas que recomiendan las autoridades de salud mundiales para limitar la propagación de la Covid-19. El funcionario a cargo de coordinar la respuesta de México se ha referido a las pruebas de detección masivas como inútil (es) y un desperdicio de tiempo, a pesar de la insistencia de la Organización Mundial de la Salud acerca de la importancia de realizar pruebas.

Amnistía Internacional informó que México tiene el número más alto de muertes de trabajadores de salud por Covid-19 en el mundo. Las personas que viven en áreas de bajos recursos o comunidades indígenas tienen 50 % más probabilidades de morir por causa del virus SARS-CoV-2.

La CNDH reportó 2 mil 234 casos confirmados y 198 muertes por Covid-19 al 1 de septiembre en cárceles, donde hay condiciones notorias de hacinamiento e insalubridad. La mayoría de los estados suspendieron las visitas de familiares en respuesta a la pandemia, lo cual ha dejado a muchas personas detenidas sin acceso a insumos de higiene básicos, como jabón.

Actores internacionales clave y política exterior

En junio de 2020, México fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período de 2021-2022. La política exterior de derechos humanos de México durante el gobierno de López Obrador se ha basado en el principio de no intervención. México destacó que una de sus prioridades en el Consejo sería la protección de niños y niñas, aunque a diferencia de la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, todavía no ha respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras.

México se ha adherido al Llamamiento a la Acción Solidaria para el Fondo de Acceso a Tecnología contra la Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud, una iniciativa para lograr un acceso mundial equitativo a las tecnologías sanitarias contra la Covid-19 mediante la mancomunación de conocimientos, propiedad intelectual y datos.

(Fotos Twitter)