SCJN desecha recurso de inconstitucionalidad contra acuerdo de seguridad nacional de obras federales
“El Senado de la República no tienen facultades para controvertir la constitucionalidad del acuerdo presidencial, ya que no afecta sus derechos o atribuciones legales”, toda vez que el Ejecutivo federal instruye a las entidades de la Administración Pública Federal (APF) autorizar proyectos de infraestructura, desarrollo social y turismo en cinco días, “para agilizar trámites y que los trámites burocráticos no detengan las obras” como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, resuelve el Máximo Tribunal
“El acto impugnado no es una norma de carácter general contenida en algún instrumento que tenga el carácter de ley o tratado internacional”, señala la Suprema Corte
Redacción Círculo Rojo
El recurso de inconstitucionalidad promovido por senadores de oposición en contra del acuerdo presidencial que clasifica las obras del gobierno federal como de seguridad nacional, fue desechado este viernes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerarlo improcedente.
Según registros de la Lista de Notificación del Máximo Tribunal, el acuerdo publicado el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no constituye una norma contenida dentro de la ley o tratado internacional alguno.
Se desecha de plano la acción de inconstitucionalidad promovida por los diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, porque el acto impugnado no es una norma de carácter general contenida en algún instrumento que tenga el carácter de ley o tratado internacional, señala el documento.
En su resolución, la Suprema Corte advierte que los legisladores de la Cámara Alta no tienen facultades para controvertir la constitucionalidad del acuerdo presidencial, ya que no afecta sus derechos o atribuciones legales, toda vez que el Ejecutivo federal instruye a las entidades de la Administración Pública Federal (APF) autorizar proyectos de infraestructura, desarrollo social y turismo en cinco días, para agilizar trámites y que los trámites burocráticos no detengan las obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Y es que, al darse a conocer el acuerdo, legisladores de oposición exigieron a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, presentara una controversia constitucional con la intención de echar a tras la decisión presidencial, bajo el argumento de que afectaba la rendición de cuentas del Gobierno de la Cuarta Transformación, y al no encontrar eco en su demanda por parte de la ministra en retiro, decidieron presentar por su cuenta esta acción ante la SCJN.
Cabe recordar que en este contexto, la Suprema Corte admitió a trámite -y concedió la suspensión parcial del acuerdo- la controversia promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al considerar que el ordenamiento presidencial transgrede la supremacía constitucional y legalidad del INAI, al realizar una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a los proyectos, vulnerando el derecho a la transparencia de la sociedad al considerar de interés público y de seguridad nacional las obras federales.
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