Delitos sexuales en contra de las infancias jamás deben prescribir: Redim
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare improcedente el recurso de revisión interpuesto por el director y dueño de la “Escuela Privada José León”, ubicada en el estado de Guanajuato, quien fue condenado por este delito y ahora busca su libertad bajo el argumento de que el plazo para denunciar el ilícito ha expirado. “La indignante característica que contiene este caso, y que persiste de manera sistemática en nuestro país, es que el perpetrador es un hombre poderoso que ha obstaculizado el acceso a la justicia”, agrega
Siete mil 676 personas de 0 a 17 años, en 2021, fueron atendidas en hospitales de México por violencia sexual, 92.9% de estos casos corresponde a mujeres, destaca la Red por los Derechos de la Infancia en México
Redacción Círculo Rojo
El acceso a la justicia por abuso sexual no debe prescribir, sobre todo, cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes, puntualizó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) al solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare improcedente el recurso de revisión interpuesto por el director y dueño de la Escuela Privada José León, ubicada en el estado de Guanajuato, quien fue condenado por este delito y ahora busca su libertad bajo el argumento de que el plazo para denunciar el ilícito ha expirado.
Hacemos este exhorto, luego de que el pasado 19 de enero de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte decidiera, por unanimidad de votos, admitir la revisión de un recurso, cuya resolución podría permitir determinar si prescribe el derecho de denunciar y hacer uso de la acción penal en el delito de abuso sexual cuando se comete en contra de las infancias. La indignante característica que contiene este caso, y que persiste de manera sistemática en nuestro país, es que el perpetrador es un hombre poderoso que ha obstaculizado el acceso a la justicia, detalla la Red en un comunicado.
Al recordar que en México la mayor parte de los casos de las agresiones sexuales que se reportan en contra de niñas y mujeres adolescentes, suceden en el hogar, refiere que en 2020, el 75.9% de los casos registrados a nivel nacional tuvieron lugar en una vivienda.
Vale destacar las cifras que en materia de abuso sexual se registraron en el último año. En 2021, 7 mil 676 personas de 0 a 17 años fueron atendidas en hospitales de México por violencia sexual; 92.9% de estos casos correspondía a mujeres (7 mil 132 casos). En 89.9% de los casos de violencia sexual que tuvieron lugar en 2020 contra personas de 0 a 17 años en el país, el agresor era un hombre (6 mil 899 casos), mientras que el número de víctimas de violencia sexual entre 0 y 17 años aumentó de 5 mil 497 casos en 2020 a 7 mil 676 casos en 2021; un aumento de 39.6%, según información de Salud, Lesiones y Causas de Violencia, 2020-2021.
La Redim, advierte que una decisión de las y los ministros de la Corte en sentido contrario –toda vez que el artículo 123 del Código Penal del estado de Guanajuato, vigente en la época de los hechos, establece un plazo para que prescriba la posibilidad de denunciar el delito–, incrementaría las múltiples barreras que enfrenta la niñez –permanentemente revictimizada cada vez que denuncia una agresión– para acceder a la justicia en un país.
¿Cómo un niño, niña o adolescente va a poder denunciar estos casos? Cuando muchas veces desconoce, incluso, que está siendo víctima de un delito o que está en situación de amenaza. Una muestra de esta situación la ofrece también la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la cual señala que al menos 600 mil de los delitos sexuales que ocurren anualmente no son denunciados. Lo anterior es un duro recordatorio del porqué la prescripción a este tipo de delitos contra las infancia aumentaría las barreras existentes, al dejar en estado de desprotección jurídica a las víctimas y privarlas de su derecho de acceso a la justicia, destaca.
La Red por los Derechos de la Infancia en México, resalta, también, que la agresión sexual no solamente violenta el derecho a una vida libre de violencia, sino que también vulnera el derecho a la salud física y mental y a un sano desarrollo integral.
Refiere que las niñas, niños y adolescentes que fueron atendidas en hospitales de México por esta grave violación a sus derechos durante 2020 presentaron como consecuencias malestar emocional (45.5% de las mujeres y 48.3% de los hombres), embarazo (14.8% de las mujeres), trastorno del estado de ánimo (12.3% de las mujeres y 15.3% de los hombres), ansiedad/estrés postraumático (6.5% de las mujeres y 7.9% de los hombres), depresión (2.6% de las mujeres y 0.7% de los hombres), laceración/abrasión (1.6% de las mujeres y 2.4% de los hombres), infección de transmisión sexual (1.3% de las mujeres y 4.3% de los hombres), contusión/magullamiento (1.2% de las mujeres y 2.2% de los hombres), heridas (0.6% de las mujeres y 2.6% de los hombres) y trastornos psiquiátricos (0.4% de las mujeres y 1% de los hombres).
Así como las consecuencias del abuso sexual no prescriben en la vida de una persona, tampoco debe prescribir el derecho de niñas, niños y adolescentes a obtener justicia y reparación, subrayó la Redim al pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantice el interés superior de la niñez en el caso del director condenado por abuso sexual contra la niñez, en Guanajuato.
(Fotos Redim)
