No ha podido el Estado romper inercia de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos: Irazoque

En el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 101; en la administración de Enrique Peña Nieto hubo 96, y en la actual se tiene una cifra de 55 asesinatos. En total, de 2006 a la fecha, según las investigaciones por el Mecanismo, que se fundamenta principalmente en fuentes abiertas, tenemos el conteo de 252 asesinatos. Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, y Oaxaca, concentran el 53% de las personas periodistas incorporadas al Mecanismo de Protección, afirma su Coordinador Ejecutivo

Las autoridades municipales son las principales responsables de entre 40 y 45% de las agresiones que sufren periodistas y personas defensoras de los derechos humanos

Redacción Círculo Rojo

El Estado no ha podido generar las acciones necesarias para romper la inercia de agresiones que hasta el día de hoy prevalecen contra activistas sociales y periodistas, afirmó Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador Ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

Precisó que en el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 101; en la administración de Enrique Peña Nieto hubo 96, y en la actual se tiene una cifra de 55 asesinatos. En total, de 2006 a la fecha, según las investigaciones por el Mecanismo, que se fundamenta principalmente en fuentes abiertas, tenemos el conteo de 252 asesinatos.

Indicó que el Mecanismo de Protección es un órgano de coordinación y cooperación entre la Federación, los estados y las fiscalías para implementar medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que estén en riesgo o bajo amenaza. 

Sostuvo que las autoridades municipales son las principales responsables de entre 40 y 45% de las agresiones que sufren periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.

Detalló que el 53 por ciento de las personas periodistas incorporadas al Mecanismo se concentran en seis entidades federativas: Ciudad de México (79); Guerrero (58); Tamaulipas (49); Quintana Roo (42); Veracruz (26); y Oaxaca (22). Asimismo, de diciembre de 2018 a febrero de 2022 se han registrado 98 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.  

Necesitamos una ley general que cree obligaciones y corresponsabilidades hacia las autoridades municipales y estatales, así como construir un sistema nacional de prevención y protección de agresiones cometidas en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, agregó.   

En este sentido, Irazoque Palazuelos, tras una reunión de trabajo con los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, dijo a la prensa que para dar entrada a la Ley General de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hay que reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esa reforma ya podríamos generar una postura institucional esta misma semana, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y trabajar en conjunto para que en el segundo periodo ordinario de sesiones, a más tardar en septiembre, ya podamos presentar una iniciativa de ley general, indicó.

Comentó que se aprovecharán algunos otros planteamientos recogidos de diálogos interinstitucionales con familias, víctimas, periodistas y con personas defensoras que realicen en entidades federativas o de forma presencial en todo el país.

Destacó que los alcances de la ley general serán de protección y fortalecerá el bienestar en esa materia tanto de personas defensoras como de periodistas.

Pedirle a una ley general que resuelva los problemas más álgidos que tiene el país, yo creo que sería irreal. Hay muchas agendas de derechos humanos que hay que seguir trabajando, fortaleciendo y, sobre todo, hacer conciencia de que estamos en un país federal y que hay otros dos órdenes de gobierno que tienen que asumir sus obligaciones en materia de derechos humanos, como lo marca la Constitución, apuntó.

El funcionario consideró que sin una política de Estado, en donde estén inmersas autoridades federales y municipales, es difícil construir una visión nacional e integral que pueda tener un efecto en la materia en todo el país.

A la vez de que fortalecemos estas políticas, debemos seguir fortaleciendo las actividades de prevención y de seguridad en los tres órdenes de gobierno. Recordemos que ningún tema es exclusivo de ningún orden de gobierno, por eso tiene que haber una correlación de responsabilidades y cada uno asumir lo que le toca en sus diferentes competencias, insistió.

Irazoque Palazuelos explicó que si no existiera el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, indicaría que no hay a nadie a quién proteger y que las autoridades ordinarias, desde los municipios y entidades federativas, son suficientemente capaces para poder parar esta problemática. 

El Gobierno de México, a través del Mecanismo, tiene una política de apertura; protegeremos a quien lo requiera desde cualquier parte del país y no escatimaremos ningún tipo de recurso en ese sentido, agregó.

Acotó que la Ley General estriba en elementos fundamentales, como la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en esta materia, la creación de un sistema nacional de prevención y protección ante agresiones hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la emisión de un plan nacional de prevención en la materia y generar un protocolo nacional de actuación hacia todas las autoridades en la protección hacia estos dos sectores.

Sobre los hechos violentos ocurridos el sábado pasado en el estadio La Corregidora durante el juego entre Querétaro y Atlas, Irazoque Palazuelos, dijo que tiene que haber una revisión profunda, ya que no puede haber impunidad ante este tipo de situaciones y generarse medidas de no repetición, porque eso no debe ocurrir en ningún estado del país.

La Fiscalía de Justicia de Querétaro ya tiene una carpeta de investigación abierta. Tendrá que revisarse tanto la actuación de la autoridad como la de las y los particulares que están inmersos, desde sus respectivas funciones, las empresas que están ejerciendo prestaciones de servicios en el estadio, en fin, un diagnóstico muy amplio para revisar qué fue lo que paso, concluyó.

(Foto C. Diputados)