Impunidad, rasgo estructural que favorece y encubre las desapariciones forzadas en México: ONU

Redacción Círculo Rojo

La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, sentenció este martes el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.

Denunció que la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos, lo que convierte a este lacerante delito, además de alarmante, en una impunidad casi absoluta.

Al presentar un informe en Ginebra, Suiza, sobre la visita a México que realizaron del 15 al 26 de noviembre de 2021 expertos independientes, Carmen Roda Villa Quintana, presidenta del organismo, llamó al Estado mexicano a tomar acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a instaurar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones que aborde el conjunto de observaciones y recomendaciones presentadas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas.

Los Estados, son en parte responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales, subrayó.

Advirtió que las desapariciones forzadas en México son una situación o cuestión generalizada. Actualmente, agregó, el número de personas reportadas como desparecidas ascendía a 95 mil 121, de ellas, 112 se produjeron durante la visita del Comité en noviembre pasado y que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en los últimos cinco años se registraron, anualmente, 8 mil casos nuevos.

Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años, pero hay un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, una tendencia que se agudizó durante la pandemia,

Las desapariciones, apuntó la experta, tendrían como objeto ocultar la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual.

Villa Quintana, manifestó su preocupación por la desaparición de los defensores de los derechos humanos y de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ya que ninguna de estas personas ha sido localizada y las investigaciones y las sanciones a los responsables no han tenido avances.

Consideró de particular preocupación la victimización de las mujeres ya que durante las desapariciones son las que se quedan a cargo de las familias y se encargan de la búsqueda de sus seres queridos por sus propios medios.

Además de los efectos sociales y económicos, son también víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias, apuntó.

La impunidad es un fenómeno estructural

Otra de las alertas que refleja el informe del Comité, es la impunidad casi absoluta que facilita el aumento de las desapariciones.

La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto, afirma.

Hasta el 26 de noviembre del año pasado, sólo se judicializó entre el 2 y el 6% de los casos de desapariciones forzadas y a nivel nacional únicamente se han emitido 36 sentencias relacionadas con este delito.

La actitud pasiva de las autoridades frente a las desapariciones forzadas contribuye a la notable falta de confianza de las víctimas en las autoridades. Frente a ello, un alto número de casos de desapariciones no son denunciadas, resaltó.

Los actuales servicios forenses no son suficientes

El tercer y último gran eje que destaca el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas, es la crisis forense a la que se enfrenta México.

Según datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.

Los servicios forenses son insuficientes y varios de los instrumentos previstos en la Ley General, todavía no han sido establecidos y no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas, indicó.

Además, el Comité tomó nota de que, pese a los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda del gobierno federal, no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.

Recomendaciones

En el apartado de recomendaciones, el informe establece las medidas que debería tomar México para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas.

El Comité también urgió al Gobierno de México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.

Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, concluyó el Comité.

(Fuente ONU)