Juez encarcela a líder estudiantil que lleva casi 33 años sin graduarse en Bolivia
Max Mendoza es escoltado y esposado por la policía a la cárcel de San Pedro en La Paz, Bolivia este lunes, luego de que el juez Javier Vargas dictó prisión preventiva en contra del líder estudiantil de 52 años que nunca se graduó y que lleva casi 33 años como dirigente de universidades públicas con un salario diez veces mayor que el mínimo
El caso de Max Mendoza salió a luz a principios de mes tras la muerte de cuatro jóvenes universitarias en una estampida humana durante una multitudinaria asamblea estudiantil en la sureña ciudad de Potosí
Por usurpación de funciones, un juez envió a la cárcel a un líder estudiantil de 52 años que lleva casi 33 años sin graduarse y que cobraba un jugoso salario del Estado como dirigente de las universidades públicas de Bolivia.
Max Mendoza será enviado a prisión preventiva por seis meses mientras es investigado y procesado también por conducta antieconómica.
Mendoza es presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia desde 2018, el máximo cargo estudiantil, y antes ocupó otros puestos desde que ingresó a la universidad a inicios de 1990. Nunca se tituló de las varias carreras que cursó y permanece como delegado estudiantil ante esa instancia con un salario mensual equivalente a poco más de 3 mil dólares, diez veces el salario mínimo.
Según la investigación de la Fiscalía, Max Mendoza logró permanecer en el cargo con la excusa de la pandemia de Covid-19 que obligó a las universidades a dar clases virtuales durante dos años.
No reunía los requisitos, no tenía una licenciatura para ejercer el cargo, declaró el lunes el juez Javier Vargas quien aprobó la detención. Mendoza necesitaba título universitario para ejercer. Las investigaciones van a seguir en contra de otros dirigentes, dijo a su vez el fiscal William Alave, al destacar que el dirigente será enviado a la principal cárcel de La Paz.
El caso llevó a la Fiscalía a investigar otras denuncias contra varios dirigentes universitarios que se han eternizado en los cargos para obtener ventajas económicas del presupuesto que el Estado otorga a las universidades públicas y que cada casa de estudios administra a su modo ya que por ley poseen autonomía.
El caso salió a luz a principios de mes tras la muerte de cuatro jóvenes universitarias en una estampida humana durante una multitudinaria asamblea estudiantil en la sureña ciudad de Potosí. Una granada de gas explotó entre la multitud supuestamente activada por dirigentes que evitaban convocar a comicios.
La autonomía universitaria emergió de las luchas sociales en América Latina para evitar la intromisión del poder político. Cada año el Estado gasta unos 500 millones de dólares -el equivalente al 1.5 % del Producto Interno Bruto- en 15 universidades públicas en las que estudian unos 700 mil alumnos.
(Fuente APNews/Fotos Twitter)
