Congreso CDMX aprueba reestructuración del Instituto Electoral de la Ciudad de México

Las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México tienen como finalidad aplicar correctamente los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el gasto público que ejerce el IECDMX, manteniendo a la par sus funciones esenciales y autonomía, detalla el diputado de Morena, Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales al presentar el dictamen

Se estima un ahorro aproximado de 50 millones de pesos al año, toda vez que algunos funcionarios del IECDMX tienen sueldos mayores a la Jefa de Gobierno

Redacción Círculo Rojo

Tras 22 horas de análisis y discusión, el Congreso de la Ciudad de México aprobó eliminar cinco áreas técnicas del Instituto Electoral de la Ciudad de México; la finalidad es aplicar correctamente los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el gasto público que ejerce el IECDMX, manteniendo a la par sus funciones esenciales y autonomía, detalló el diputado de Morena, Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales al presentar el dictamen.

Agregó que la reestructuración al IECDMX, aprobada por 37 votos a favor, 19 en contra y cero abstenciones, establece la fusión y eficiencia, no de desaparición y que parte de la lógica del implementar un mecanismo legal que facilite la actividad electoral, con el centro del gasto en el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.

Según datos obtenidos mediante transparencia del propio Instituto, es posible observar que algunas de las personas servidoras públicas que laboran en este órgano tienen sueldos mayores al de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, lo que llama la atención sobre un posible ejercicio desbalanceado de los recursos en su operación, mencionó.

Ante el pleno, el legislador detalló que el gasto per cápita en materia electoral en la CDMX es elevado en comparación con el Estado de México, que con más de 16 millones de habitantes, el gasto por persona en un año sin elecciones en materia electoral es de 93 pesos; en Jalisco, con cerca de 8 millones de habitantes, el gasto es de 28 pesos, mientras que en la CDMX, con poco más de 9 millones de habitantes, se presenta un costo de 130 pesos por elector.

Precisó que con las reformas se estima un ahorro aproximado de 50 millones de pesos al año. En ese sentido, se espera que la nueva integración de las comisiones permanentes del Consejo General impacte de manera positiva en el acceso de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, destacó.

Al presentar su voto particular, el diputado del PAN, Ricardo Rubio Torres, afirmó que desde la Comisión de Asuntos Político-Electorales el procedimiento para aprobar el dictamen en una sesión extraordinaria fue totalmente irregular, y adelantó que por ello será impugnado.

En tanto el diputado Diego Orlando Garrido López, también del blanquiazul, advirtió que esta reforma tiene la intención de desmantelar todo el aparato electoral federal y local; además de los órganos autónomos que organizan las elecciones, y adelantó que, ante las violaciones al proceso parlamentario, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras desechar la moción suspendida con 25 votos a favor, 35 en contra y cero abstenciones, el  Pleno del Congreso inició la discusión del dictamen para reformar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local.

Para hablar en contra del dictamen, el diputado Rubio Torres, afirmó que el desmantelamiento de instituciones y organismos electorales daría como resultado la pérdida del estado de derecho y subrayó que frenarán por todas las vías posibles la entrega en vigor de este dictamen.

En favor del documento, el congresista de Morena y promovente de la iniciativa, Carlos Hernández Mirón, advirtió que desde las reformas constitucionales de 2014, a los órganos locales electorales se les restaron facultades, principalmente en materia de fiscalización de partidos políticos, candidatos y candidatas, sin embargo, la estructura del IECDMX no se modificó.

A su vez, el diputado panista Aníbal Cañez Morales, dijo que el dictamen a discusión representa un retroceso y ataca frontalmente la democracia local, por ello advirtió que será la SCJN la que se encargue de determinar su inconstitucionalidad.

La legisladora de Morena, Ana Francis López Bayghen Patiño, criticó las prácticas antidemocráticas y dilatorias que desde Acción Nacional se impulsaron y reclamó que la democracia realmente no sea un tema que les importe.

En tanto, el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del PRI, afirmó que la reforma pone en peligro la democracia de la Ciudad de México y que su grupo parlamentario apoyará siempre a las instituciones, no olvidemos que los árbitros electorales cuentan con credibilidad ganada a pulso, subrayó.

Tras afirmar que el dictamen busca adelgazar una estructura burocrática excesiva y onerosa para la ciudadanía, la diputada morenista Martha Soledad Ávila Ventura, afirmó que no limita, ni restringe derechos, tampoco pone en riesgo la democracia, la autonomía electoral, ni menos atenta contra el sistema federal y de sus competencias.

En su momento, los diputados de los que queda del PRD, Jorge Gaviño Ambriz y Gabriela Quiroga Anguiano, manifestaron su preocupación por la falta de garantías a los derechos laborales de 105 trabajadores que se verán afectados con el recorte que plantea la reforma, además de que ante la falta de personal especializado tendrían que desarrollar sus labores en áreas que no les corresponden.

Por parte del grupo parlamentario del PRI, los diputados Mónica Fernández César, Maxta Iraís González Carrillo, Fausto Manuel Zamorano Esparza  y Carlos Joaquín Fernández Tinoco, coincidieron en que la reforma atenta contra los derechos de los mexicanos, además de parecer una estrategia a largo plazo para desaparecer los órganos electorales; y recalcaron que para ellos es necesario contar con organismos autónomos que garanticen los derechos electorales de los ciudadanos.

Las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, establece fusionar la Comisión de Asociaciones Políticas y la Comisión de Fiscalización, mientras que la Comisión de Educación Cívica y Construcción Ciudadana se unirá con la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos para crear la Comisión de Quejas. El dictamen contempla la eliminación de al menos 100 plazas.

(Fotos Twitter)