Agresiones y torturas sexuales a mujeres en reclusión, son cometidas en 80% por elementos de seguridad del Estado

Redacción Círculo Rojo

El Diagnostico Nacional de Tortura Sexual Cometida contra Mujeres Privadas de la Libertad en México, es un acto de reivindicación y dignificación hacía las mujeres violentadas hace 15 años en Atenco para que obtengan justicia, afirmó este lunes Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob)

Resaltó que el 80% de las agresiones y torturas sexuales que sufren las mujeres en reclusión, son cometidas por elementos de seguridad del Estado mexicano en el primer contacto como autoridad.

Precisó que esta agresión es mayor cuando la tortura sexual es cometida contra mujeres privadas de su libertad, al utilizar su cuerpo como un instrumento de castigo y sometimiento, y en este contexto son procesadas penalmente como delincuentes y al mismo tiempo son identificadas como víctimas de tortura sexual, por lo que se decidió crear este primer Diagnóstico Nacional a través de mil 280 entrevistas a mujeres recluidas en 66 penales distribuidos en las 32 entidades de la república.

El documento, de 234 páginas da cuenta de la compleja condición que las mujeres enfrentan cuando están involucradas en hechos delictivos; se identifican las condiciones sociales, económicas culturales a las que se enfrentan previo a su detención; se identifica que muchas de ellas no cuentan con solvencia económica y no son tomadas en serio por sus defensores y en los centros penitenciarios

son abandonadas por sus familias.

Su contenido se divide en tres apartados principales:

• Realización de entrevistas hacia mujeres privadas de la libertad.
• Recopilación de información de instituciones públicas, en un periodo de 2006 al 2021, involucradas en algún momento de la persecución, investigación y administración de justicia.
• Atención de víctimas y protección a los derechos humanos en centros penitenciarios estatales y federales.

Más allá de los datos de las estadísticas que este Diagnóstico arroja como se ha señalado, da cuenta de la gravedad de un problema que existe en nuestro país y que no ha sido posible erradicar y que lamentablemente se presenta en todas las fases del proceso, comentó Encinas Rodríguez.

Este trabajo, indicó, es parte de las obligaciones del Estado mexicano por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivado del caso Atenco, en el cual sobrevivientes de esas agresiones han solicitado justicia específicamente al Gobierno del Estado de México.

Con esto, advirtió, se pretende impulsar acciones puntuales para enfrentar este problema, del que se derivan 31 recomendaciones a 10 instituciones públicas para fortalecer la participación y establecer mecanismos que permitan prevenir y castigar la tortura a mujeres detenidas.

La abogada Aribel García Pérez reveló que siete de cada 10 mujeres privadas de su libertad sufrió algún tipo de tortura o malos tratos en alguna etapa de su proceso penal (arresto, traslado, estancia en el Ministerio Público, arraigo, estancia en el Centro Penitenciario y la etapa de juicio y sentencia), de las cuales tres de cada 10 refirió ser víctima de tortura sexual.

Explicó que de esta muestra representativa de mujeres; 870 reclusas (68%) están dentro de un rango de 20 a 39 años de edad; 797 mujeres (62%) cuentan solo con educación básica; mil 216 (95%) tenían una ocupación laboral o estudiantil previa a su detención; 934 (73%) eran jefas de familia; mil 705 tienen hijos e hijas; 153 (12%) son indígenas; 102 (8%) tienen algún tipo de discapacidad y 38 (3%) estaban en situación de calle, lo que las hace más susceptibles a sufrir este tipo de violencia.

En tanto, Félix Santana Ángeles, director general de Estrategias y Atención de los Derechos Humanos de la Segob, reconoció a la tortura sexual como un delito y una violación a los derechos humanos que trasciende a la víctima impacta a las comunidades, rompe redes de apoyo y lacera a las familias, experimentando señalamientos y rechazo por una sociedad mayoritariamente patriarcal.

Reiteró que el Diagnostico tiene como antecedente el Caso Atenco, ocurrido el 3 de mayo de 2006 en el Estado de México, donde 50 mujeres fueron arrestadas, de las cuales, 31 aseguraron ser agredidas sexualmente por elementos de seguridad durante su proceso de detención.

Agregó que sólo 11 de ellas iniciaron un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió el 28 de noviembre de 2018 una sentencia donde declaró responsable internacionalmente a los Estados Unidos Mexicanos (en ese momento encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto) por violación de derechos humanos e integridad personal.

La Corte le instruyó al Estado mexicano que la sentencia fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF); brindar tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico; entregar becas; materializar económicamente el daño a las mujeres sobrevivientes y; capacitar a la policía federal.

Para este último punto, Félix Santana detalló que Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Dirección General de Políticas Públicas de la Segob y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas establecieron una ruta de trabajo para capacitar a elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la SSPC.

El funcionario aseguró que la Secretaría de Salud (SSa) y la Comisión Ejecutiva Nacional de Victimas (CEAV) han construido una ruta de atención especializada para que este mecanismo sea eficaz para las mujeres.

Destacó que estos so solo algunos avances y aún faltan demandas por cumplir, por ejemplo, las investigaciones para sancionar a los responsables del Caso Atenco aún se encuentran en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México y está en proceso para que pase directamente a la Fiscalía General de la República (FGR).

(Fotos Twitter)