Tortura y malos tratos, práctica sistemática en Aguascalientes: ONU
En su informe “Hasta perder el sentido”, la agencia de la ONU refiere que los actos organizados, ordenados y planeados desde la entonces Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes, fueron ejecutados por funcionarios de esa y otras instituciones estatales, y con diversos tipos de vinculación de altos mandos de dicha dependencia de justicia entre 2010 y 2014, en ese estado que ha y seguirá gobernado por el Partido Acción Nacional
“La falta de investigación de casos de tortura sistemática en Aguascalientes, evidencian la realidad recurrente y extendida de este fenómeno en el país”, afirma
Redacción Círculo Rojo
De forma opaca y sin controles, entre 2010 y 2014 en Aguascalientes —estado que ha y seguirá gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN)—, se implementaron políticas de procuración de justicia incompatibles con los derechos humanos, que constituyen elementos sólidos para afirmar que en dicho período existió una práctica sistemática de tortura y malos tratos, reveló la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En su informe Hasta perder el sentido, refiere que los actos organizados, ordenados y planeados desde la entonces Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes, fueron ejecutados por funcionarios de esa y otras instituciones estatales, y con diversos tipos de vinculación de altos mandos de dicha dependencia de justicia.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, comentó que el documento se basa en casos documentados de al menos 40 personas (33 hombres y siete mujeres) que habrían sido sometidas a tortura y malos tratos en Aguascalientes en el periodo referido bajo el argumento la alta violencia en la entidad y la justificación del uso del arraigo, que funcionó como un mecanismo para ejecutar, continuar y ocultar los actos de tortura y malos tratos.
El Informe es un testimonio de la valentía de las personas sobrevivientes de tortura en Aguascalientes. Sus voces interpelan a las autoridades para que tomen medidas firmes, contundentes e inequívocas a fin de que estas prácticas no vuelvan a ocurrir, afirmó.
La falta de investigación de casos de tortura sistemática en Aguascalientes, evidencian la realidad recurrente y extendida de este fenómeno en el país.
Una de las principales lecciones que nos deja el Informe sobre Aguascalientes, es que la implementación de políticas de seguridad y procuración de justicia, sin respeto por las normas de derechos humanos, impide la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que genera una doble injusticia: una para las personas que sufren graves abusos por parte de funcionarios y otra para las víctimas de los delitos, quienes tienen derecho a que las personas verdaderamente responsables rindan cuentas ante la justicia y no se fabriquen indebidamente culpables, sostuvo Fernández-Maldonado.
Advirtió que estas prácticas lesionan los derechos y expectativas de la sociedad en su conjunto, la cual espera de las instituciones encargadas de protegerles resultados confiables y duraderos con pleno respeto a la ley.
El representante en México de la ONU-DH, resaltó que hasta el día de la publicación del Informe, ninguna persona ha sido procesada o sancionada por los actos de tortura. En contraste, la mayoría de las personas cuyos casos se incluyen en el documento están privadas de la libertad y tienen sentencias, algunas con recursos pendientes de ser resueltos.
Puntualizó que en este contexto, corresponde al Estado cumplir con su deber de investigar los actos individuales y determinar las responsabilidades administrativas o penales, en especial en casos de tortura, sobre los cuales la obligación estatal de investigar y sancionar es imperativa y nunca prescribe.
(Fotos Twitter)
