Represión y malos tratos, amedrentan activismo y defensa de derechos humanos en Nicaragua: ONU
El Comité contra la Tortura insta al gobierno nicaragüense a llevar a cabo investigaciones sobre el uso de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y malos tratos, así como las desapariciones forzadas por parte de la Policía Nacional, agentes vestidos de civil y otros actores durante las protestas de 2018 y durante el proceso electoral de 2021
Redacción Círculo Rojo
El cierre arbitrario de cientos de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua es muy preocupante y tendría un efecto amedrentador en los activistas y las personas defensoras de derechos humanos en todo el país, alertó este viernes el Comité de la ONU contra la Tortura.
En una carta dirigida al gobierno nicaragüense el lunes, el grupo de expertos y expertas de la ONU aseguró que la cancelación de la personalidad jurídica de cientos de asociaciones representa un claro patrón de represión del espacio cívico.
En la misiva, se hicieron eco de una declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet Jeria de principios de año, respecto a la represión de la sociedad civil en Nicaragua.
Además, expresaron conmoción sobre el alcance de las clausuras por parte de la Asamblea Nacional a petición del Gobierno. Contabilizaron el cierre de más de 700 organizaciones, 487 de ellas solo en junio pasado.
Si bien el cierre del espacio cívico se ha observado desde la crisis de 2018, el cierre de organizaciones se ha acelerado como consecuencia de la Ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros (2020) y la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro que entró en vigor recientemente.
En anticipación a la entrada en vigor de dicha ley, los expertos proveyeron su análisis legal y expresaron sus preocupaciones. En particular, la norma impone amplios procedimientos administrativos y de registro, como la divulgación de los datos de beneficiarios, y limita significativamente el financiamiento externo. Hasta ahora, los expertos no han recibido una respuesta a sus observaciones.
Uso indebido de las leyes antiterroristas
Lamentamos observar, nuevamente, el uso indebido de leyes antiterroristas y antilavado de dinero para restringir innecesaria y desproporcionadamente las actividades de la sociedad civil y las libertades fundamentales, dijeron los expertos al referirse a una tendencia mundial.
Detallaron que las clausuras no sólo afectaron organizaciones de derechos humanos, incluyendo aquellas que trabajan para los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, sino también a aquellas que promueven valores democráticos y que luchan contra los efectos negativos del cambio climático.
Las clausuras también afectan asociaciones que proveen ayuda humanitaria y servicios médicos, así como instituciones educativas, culturales y artísticas, y fundaciones religiosas.
Esta situación tendrá consecuencias aún más devastadoras sobre personas y grupos en situación de marginación que dependen de estos servicios para su supervivencia, por ejemplo, comunidades rurales e indígenas, niños, niñas, jóvenes, mujeres y solicitantes de asilo, dijeron los expertos.
El Comité de la ONU contra la Tortura, también expresó su preocupación sobre el efecto disuasivo que estas clausuras tienen sobre actores de la sociedad civil. Cientos de activistas ya han huido del país para buscar refugio en Estados vecinos dado el riesgo de represalias, agregaron.
Instamos al Estado a abstenerse de decretar más cierres y de revocar inmediatamente estas restricciones sobre las asociaciones. Un espacio cívico y político funcional, sólido y diverso es crucial para cualquier país democrático, dijeron los expertos.
Falta de investigaciones
Preocupante, consideró el Comité de la ONU contra la Tortura, la falta de investigaciones por el uso de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y los malos tratos, así como las desapariciones forzadas por parte de la Policía Nacional, agentes vestidos de civil y otros actores durante las protestas de 2018 y durante el proceso electoral de 2021, por lo que instó al gobierno nicaragüense a investigar de manera rápida e independiente estos abusos y a reparar adecuadamente a las víctimas por el daño..
También pidió que Nicaragua garantice las garantías legales de todos los detenidos, tome las medidas necesarias para evitar la represión y la violencia contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los líderes de la oposición política, y libere a los detenidos arbitrariamente.
Con respecto a las graves condiciones de detención en los centros penitenciarios y complejos judiciales, incluida la situación de las mujeres, el Comité de la ONU contra la Tortura, pidió a Nicaragua garantice que las condiciones de detención cumplan plenamente con las normas de las Naciones Unidas, especialmente las Reglas Nelson Mandela y las Reglas de Bangkok, para asegurar una atención médica adecuada a las personas privadas de libertad.
(Fuente Noticias ONU)