INAI ordena a la Profeapa ser clara respecto a la tala ilegal en Chihuahua
“La producción de madera ilegal representa el 30 por ciento del volumen anual autorizado en el país, cabe recordar que la tala ilegal acelera la aparición de la masa forestal, ocasiona también un sinnúmero de problemas ambientales y vulnera la biodiversidad en las diferentes zonas, generando con ello una preocupante degradación del suelo y provocando, además, un desequilibrio climático”, plantea el comisionado Adrián Alcalá Méndez
Es de vital importancia conocer las acciones que el Gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, ha ejecutado para prevenir y combatir la tala ilegal, subraya el comisionado Alcalá Méndez
Por: Martín Velasco
Al considerar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no fue precisa en su información respecto a la tala ilegal en el estado de Chihuahua, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la Profepa buscar con criterio amplio y entregar la documentación sobre las inspecciones efectuadas por denuncias sobre la poda de árboles de enero del 2000 a abril del 2022.
El INAI expuso que este caso es importante, dado que la deforestación es un problema que aqueja al medio ambiente, pues la tala ilegal representa el 8 por ciento de las causas que provocan la deforestación y, de acuerdo con estimaciones de la misma Profepa, la producción de madera ilegal representa el 30 por ciento del volumen anual autorizado en México.
El comisionado Adrián Alcalá Méndez, indicó que en el caso de Chihuahua, la tala ilegal no sólo es un problema del medio ambiente, sino que ya constituye un problema social.
Denotó que la Profepa no siguió el procedimiento de búsqueda exhaustiva, al no consultar a la Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta.
En su resolutivo, el INAI modificó la respuesta inicial de la Profepa y la instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información con un criterio amplio en todas las unidades administrativas que resulten competentes, y entre las que deberá estar la Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta, misma que es la encargada de apoyar a las unidades administrativas competentes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la realización de inspecciones, apuntó
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