Interpol va tras dueños de mina Pinabete; la FGR cuenta con tres órdenes de aprehensión
Cristian Solís Arriaga, Arnulfo Garza Cárdenas y Luis Rafael García-Luna Acuña, propietarios de la Compañía Minera El Pinabete, S.A. de C.V., son presuntos responsables del derrumbe e inundación del yacimiento de carbón en la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila, donde desde el 3 de agosto permanecen atrapados 10 trabajadores. Hasta ahora la FGR ha asegurado documentación, equipos de cómputo, y el predio conocido como Las Conchitas Norte, propiedad de la Compañía Minera El Pinabete, S.A. de C.V.
Además de las tres órdenes de aprehensión giradas por un juez federal contra los presuntos responsables del derrumbe de la mina Pinabete, se ha emitido una alerta migratoria
Redacción Círculo Rojo
A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la Interpol (Organización International de Policía Criminal) emitió ficha rojas para buscar, localizar y detener a Cristian Solís Arriaga, Arnulfo Garza Cárdenas y Luis Rafael García-Luna Acuña, propietarios de la Compañía Minera El Pinabete, S.A. de C.V., por su probable responsabilidad en el derrumbe e inundación del yacimiento de carbón en la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila, donde desde el 3 de agosto permanecen atrapados 10 trabajadores.
La FGR informó este lunes que durante la Investigación iniciada el 5 de agosto, por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales, respecto al uso, aprovechamiento y explotación de un bien de la Nación, sin la debida concesión, permiso, autorización o contrato oficial, se realizaron 25 entrevistas a víctimas directas e indirectas y testigos que son trabajadores de la mina Pinabete, así como a presuntos responsables del colapso en el pozo de carbón.
De esta indagatoria se obtuvieron ocho dictámenes periciales, entre los que destacan: de Criminalística de Campo en el lugar de la mina Pinabete para obtener los indicios asociados al hecho; de Fotografía Forense, de Arquitectura, Ingeniería y Topografía, con el propósito de esclarecer las circunstancias que originaron el colapso en mina; de Medicina Forense, de Contabilidad, de Identificación de minerales, y de documentación, entre otros.
Se ordenó a la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), los hechos acontecidos para identificar a las víctimas, a los propietarios del predio que ocupa la mina o pozo carbonífero.
Se solicitaron y se obtuvieron 32 informes a diversas autoridades, entre los que destacan: a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Economía, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Federal de Electricidad, Protección Civil Nacional, Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal, Municipio de Sabinas, Coahuila, Secretaría de Economía del Estado; asimismo, se solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social información respecto de la empresa y trabajadores registrados.
La FGR informó que se practicó diligencia de cateo a las oficinas de la Compañía Minera El Pinabete S.A. de C.V., asegurándose el inmueble, documentación y equipos de cómputo. Se decretó el aseguramiento del predio conocido como Las Conchitas Norte, propiedad de la empresa señalada, ubicado en la comunidad Las Agujitas, municipio de Sabinas, Coahuila.
Una vez que se recabaron todos los datos de prueba, la FGR solicitó audiencia para formular imputación en contra de Cristian S, persona que se encontraba explotando el bien así como de Arnulfo G y Luis G, quienes son los propietarios de la Minera El Pinabete, S.A. de C.V.
Ante esto, se programó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial en contra de los inculpados, quienes no se presentaron en la audiencia de mérito, por lo que se obtuvieron por parte de esta Fiscalía, tres órdenes de aprehensión en contra de los antes señalados.
Inmediatamente se solicitó ficha roja a la Dirección General de Asuntos Policiales e Internacionales de Interpol, misma que ya fue emitida por lo que hace a los imputados y además se cuenta con una alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración.
La Fiscalía destaca que el imputado Cristian S, tramitó juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, fijándosele una fianza de 500 mil pesos, sin que hasta este momento se haya depositado dicha garantía, motivo por el cual la orden de aprehensión sigue vigente.
La Fiscalía General de la República (FGR), puntualizó que continúa con las investigaciones para dar cumplimiento a los mandamientos judiciales, así como para la determinación de otras conductas delictivas imputables a los ya señalados y a quien resulte responsable.
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