Ex presidente municipal de Iguala, sin responsabilidad en desaparición de los 43 normalistas de Ayozinapa

Espero que se ejecuten de inmediato las órdenes de aprehensión contra los responsables de la desaparición de los jóvenes, como lo señalamos en el informe de Ayotzinapa”, afirma Alejandro Encinas al reprochar la decisión del juez Ventura Ramos, quien “liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes”

Al no encontrar elementos que sustenten la participación de José Luis Abraca en el secuestro y desaparición de los normalistas, un juez de distrito en Matamoros, Tamaulipas, lo absuelve del caso Ayotzinapa

Redacción Círculo Rojo

Al no encontrar elementos que sustenten la responsabilidad de José Luis Abarca Velázquez en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el juez de distrito en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, absolvió al ex presidente de Iguala de los hechos registrados el 26 y 27 de septiembre del 2014 en ese municipio del estado de Guerrero.

En su cuenta de Twitter, titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, reprochó la decisión del juez Ventura Ramos, quien liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes, de exonerar Abarca Velázquez, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos.

Precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene elementos suficientes para apelar este desafortunado acto de impunidad. Espero que se ejecuten de inmediato las órdenes de aprehensión contra los responsables de la desaparición de los jóvenes, como lo señalamos en el informe de Ayotzinapa.

El pasado 18 de agostos, el también subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), al presentar las conclusiones de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, informó que no hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida; tras los hechos de violencia se dio la orden de desaparecerlos.

Sostuvo que la creación de la Verdad Histórica del es titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, ahora detenido, fue una acción que ocultó la verdad de los hechos.

Alteró las escenas del crimen, los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. Contrario a ello, el informe y los anexos presentados hoy son de carácter público, lo que garantiza el derecho y acceso a la información con transparencia, tanto para las madres y los padres de los jóvenes, como para las y los mexicanos, apuntó ese día en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.  

Destacó que la reconstrucción de hechos y análisis para esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas, arroja con toda claridad cómo se fue tejiendo la red de complicidades y de operación del grupo delictivo con distintas autoridades para la operación de la persecución, violencia, detención, desaparición de los muchachos, en la que participaron Guerreros Unidos, policías municipales de Cocula, Iguala y de otros municipios, particularmente Tepecoacuilco y Huitzuco.

Encinas Rodríguez, comentó ese día que en colusión con A1 (el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca), y líderes de Guerreros Unidos, El Gil ordenó la desaparición, tras darles un escarmiento ejemplar a los estudiantes y recuperar la mercancía.

Comentó que la desaparición del dirigente social en Iguala, Arturo Hernández Cardona, el 3 de junio de 2013, motivó la movilización de los estudiantes de la Normal de Ayotizinapa hacia Iguala donde tomaron las oficinas del ayuntamiento e incendiaron documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien finalmente apareció asesinado.

Ese homicidio se le atribuye al entonces presidente municipal José Luis Abarca, que está detenido justamente por este delito, no por el delito de desaparición, sino por el homicidio de Hernández Cardona. Y a partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el alcalde y por Guerreros Unidos, de que no regresaran a esta ciudad; si no, se iban a atener a las consecuencias, aclaró el subsecretario.

Un dato que Alejandro Encinas citó en ese momento como muy importante, es la desaparición, junto con los normalistas en septiembre de 2014, del elemento del ejército Julio Cesar López Patolzin, informante de las Fuerzas Armadas, y que en ningún momento sus mandos superiores activaron el mecanismo de búsqueda que establece el protocolo de la Sedena para garantizar la integridad física de sus miembros, que de haberse aplicado, evidentemente hubiera evitado la desaparición de todos los muchachos.

Encinas Rodríguez, remarcó que la evaluación y el análisis de evidencias a lo largo de los más de 700 días de búsqueda en siete municipios de Guerrero, señalan que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, toda vez que hubo negativa, ocultamiento y manipulación por parte de las autoridades.

Nosotros hemos definido esta acción como un crimen de Estado porque no sólo se trata de la desaparición y la pérdida de vida de los estudiantes, donde se conjugan cuatro delitos graves y violación a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, homicidio e involucramiento de agentes estatales que actúan en apoyo y con consentimiento del Estado, y particularmente en la negativa, ocultamiento y manipulación de las investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales, que propició la impunidad de los perpetradores y encubridores de estos hechos, sostuvo.

Detenido en Iztapalapa

José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, fueron detenidos el 5 de noviembre de 2014 en Iztapalapa; actualmente el ex presidente de Iguala permanece recluido en el Penal del Altiplano, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y por el homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado, por lo que seguirá preso en Almoloya, Estado de México.

(Fotos Twitter)