Urge garantizar la independencia e integralidad de la investigación en el caso Ayotzinapa: CIDH
La institucionalidad creada para avanzar en el caso Ayotzinapa requiere reorientarse en acciones y medidas que estén enfocadas hacia la centralidad de las víctimas. Es importante recuperar la periodicidad de las reuniones de la COVAJ con las familias y mejorar los canales de comunicación con UEILCA y el GIEI sobre toda información que pudiera constituir prueba en las investigaciones, antes de cualquier presentación o pronunciamiento públicos sobre la misma, destaca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Redacción Círculo Rojo
Al reafirma su compromiso con los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada hace ocho años en Iguala, Guerrero, y con la lucha de sus familiares por conocer su paradero y obtener verdad y justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), demando al Estado mexicano garantizar la independencia de los órganos responsables de la investigación, como es el caso de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Recordó que luego la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, la Comisión adoptó la medida cautelar 409/14, en la que solicitó al Estado tomar medidas para la búsqueda de los mismos, la investigación de los hechos y la atención a las víctimas, lo que permitió la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA), este último fortalecido en 2019 en sus funciones de seguimiento y asistencia técnica mediante la instalación de un equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH en territorio mexicano hasta febrero de 2022. Asimismo, desde 2020, se reinstaló el GIEI para brindar asistencia técnica en las investigaciones.
En el marco de estas labores, y a ocho años de la desaparición de los estudiantes la CIDH reconoce, por un lado, la creación de la Comisión Presidencial para el Acceso a la Verdad y Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ) con objeto de articular esfuerzos institucionales de las dependencias del Ejecutivo federal y otros poderes del Estado en coordinación con las familias y sus representantes legales para avanzar en la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
Asimismo, se congratula por el establecimiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) como órgano responsable de la investigación a través de una actuación focalizada y especializada en el conocimiento de las indagaciones y causas penales relacionadas con el caso.
La Comisión conoce y valora que el Estado ha venido desplegando esfuerzos sin precedentes para mantener la continua búsqueda de los estudiantes en diferentes localidades del estado de Guerrero; y para promover el derecho de las familias a participar en dichas diligencias. Sin embargo, a 8 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa su paradero sigue sin conocerse, refiere la CIDH.
En cuanto a la investigación, el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), observa avances con la individualización y vinculación a proceso de presuntas personas responsables, la emisión y ejecución de órdenes de captura, la presentación de nuevas acusaciones y el inicio de procesos en sede judicial, así como por las irregularidades en las investigaciones y fabricación de diligencias para la obstrucción de justicia.
Estas acusaciones involucran delitos por graves violaciones a los derechos humanos, como desaparición forzada y tortura, y su ámbito de responsabilidad individual comprende a agentes del Estado municipales, estatales y federales, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas y personas funcionarias de cargos políticos, fiscales y ministeriales, destaca la Comisión.
Sin embargo, frente a los avances descritos, la CIDH advierte que ha recibido información preocupante respecto a que la UEILCA estaría siendo objeto de desplazamiento en sus funciones ministeriales en el caso Ayotzinapa, por parte de otras unidades fiscales de la FGR ajenas a la investigación y sus medios probatorios relacionados con los hechos.
Además, la CIDH tuvo conocimiento sobre algunas solicitudes de desistimiento de una serie de órdenes de aprehensión en contra de agentes militares y autoridades ministeriales y administrativas del estado de Guerrero, por parte de agentes externos a la UEILCA, que es el órgano legalmente competente para la judicialización de carpetas de investigación relacionadas con los hechos.
Asimismo, desde agosto de 2022, la UEILCA no contaría con personal policial de investigación, lo que impide la recaudación de pruebas para la investigación y judicialización de nuevos cargos, así como el seguimiento de las causas penales abiertas a trámite.
Frente a esto, el sistema interamericano para la defensa de los derechos humanos, remarca la importancia de que las investigaciones y, a un nivel más amplio, las actividades relacionadas con la persecución del delito, sean independientes e imparciales como medio para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito.
Advierte sobre los impactos en la efectividad e impulso en las investigaciones cuando hay cambios de operadores de justicia en una investigación penal, como podría ser la decisión de ejercicio de la acción penal.
Asimismo, subraya que la falta de coordinación y colaboración efectivas se pueden convertir en un importante obstáculo para las funciones de investigación de los delitos o para el desarrollo exitoso de los casos, por lo que es obligación de los Estados asegurar que existan canales de cooperación efectiva entre las autoridades fiscales, judiciales, policiales y cualesquiera otras.
La CIDH refiere que la representación de las víctimas ha indicado que la interlocución con el Estado ha sufrido variaciones y, en ocasiones, se ha visto interrumpida ante la intensificación de las demandas de las familias de esclarecer los hechos a la brevedad. Asimismo, han señalado inconformidades con la divulgación de información y documentación que podría constituir evidencia relevante para la investigación, sin que antes hubiera tenido acceso el GIEI.
Finalmente, la CIDH hace un llamado al Estado mexicano a garantizar la independencia y operación de la UEILCA sin interferencias, así como a evitar cualquier tipo de intromisión que pueda afectar sus labores a fin de proteger la integridad de la investigación.
Considera que la institucionalidad creada para avanzar en el caso Ayotzinapa requiere reorientarse en acciones y medidas que estén enfocadas hacia la centralidad de las víctimas. Es importante recuperar la periodicidad de las reuniones de la COVAJ con las familias y mejorar los canales de comunicación con UEILCA y el GIEI sobre toda información que pudiera constituir prueba en las investigaciones, antes de cualquier presentación o pronunciamiento públicos sobre la misma.
(Fotos Video CIDH)