Juez ordena que el destituido presidente de Perú continúe detenido; la fiscalía pide 18 mese de prisión

Redacción Círculo Rojo

Al rechazar la apelación del destituido presidente de Perú, un juez ordenó este martes que Pedro Castillo Terrones continúe detenido. Horas más tarde, la fiscalía pidió que permanezca 18 meses en prisión, mientras lo investiga por rebelión y conspiración.

La decisión del juez de la Suprema Corte, César San Martín Castro, podría atizar aún más las violentas protestas que se registran en distintos puntos del país, en donde la población ha estado exigiendo la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora Dina Boluarte, y que se programen de inmediato elecciones generales para elegir a un nuevo presidente y reemplazar a todos los miembros del Congreso.

El anuncio de Castillo del miércoles pasado en televisión nacional de que había disuelto el Congreso por decreto presidencial, no fue un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos, subrayó el juez.

Horas antes, Castillo declaró en su audiencia que había sido detenido injusta y arbitrariamente, y agradeció a sus simpatizantes por todo lo que han hecho desde su arresto.

El juez señaló que la evidencia indica que Castillo fue interceptado en camino a la embajada de México para pedir asilo. Fue detenido poco después de que fuera destituido por los legisladores luego de que intentara disolver al Congreso antes de un voto de revocación. La fiscalía también empleó ese argumento para solicitar la prisión preventiva, según indicó su oficina de prensa poco antes de la medianoche del martes.

La fiscalía, también solicitó otros 18 meses de prisión preventiva para el ex primer ministro Aníbal Torres, quien está en la clandestinidad.

Un juez debe convocar una audiencia en un plazo de 48 horas para escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa, y determinar si se aplica la prisión preventiva.

Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá, declaró Castillo. Posteriormente, en aparente referencia a las violentas protestas a causa de su detención, instó a la policía nacional y a las fuerzas armadas a que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia.

Las manifestaciones han sido particularmente violentas afuera de la capital Lima. La Defensoría del Pueblo de Perú redujo el martes a seis el número de personas que han muerto en las protestas que comenzaron el miércoles. La oficina dijo en un comunicado que eliminó a una persona de la lista, después de que la agencia nacional de registro civil determinara que dicha persona no existe.

Todos los decesos se han producido en comunidades rurales empobrecidas, que son bastiones de Castillo, un neófito político y ex profesor de raíces campesinas. Cuatro de los fallecimientos se registraron en Andahuaylas, una remota comunidad rural andina donde los pobres han batallado durante años y donde los votantes apoyaron abrumadoramente a Castillo en la segunda vuelta electoral del año pasado, la cual ganó por 44 mil votos.

Dina Boluarte, compañera de fórmula de Castillo y vicepresidenta, fue juramentada rápidamente el miércoles de la semana pasada luego de que el Congreso destituyó al Presidente, por incapacidad moral permanente.

El lunes, Boluarte cedió en parte a las exigencias de los manifestantes, anunciando en un discurso a nivel nacional que enviaría una propuesta al Congreso para adelantar las elecciones a abril de 2024. Anteriormente había asegurado que pretendía permanecer en el cargo durante los restantes tres años y medio del mandato de Castillo Terones.

En las calles de Lima, los agentes de la policía han arrojado gases lacrimógenos y golpeado en repetidas ocasiones a los manifestantes. Fuera de la capital, los inconformes quemaron comisarías de la policía, tomaron el control de una pista de aterrizaje utilizada por las fuerzas armadas e invadieron la pista del aeropuerto internacional de Arequipa, que es la puerta de entrada a algunas de las atracciones turísticas del país.

El ministro de Defensa, Luis Otarola Peñarando, dijo que se declararía una emergencia en el sistema nacional de carreteras para garantizar el libre tránsito de todos los peruanos. Añadió que las fuerzas armadas también asumirán las tareas de seguridad en aeropuertos, plantas hidroeléctricas y demás infraestructura vital.

Otarola dijo que las labores de inteligencia del Gobierno han llegado a la conclusión de que los responsables de los disturbios en todo el país son menos de ocho mil personas.

(Fuente Agencias/Fotos Twitter)