Se utilizarán todas las vías jurídicas para defender al INE, advierten las y los consejeros del Instituto

Redacción Círculo Rojo

Al advertir que la aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas, los 11 consejeros y consejeras del INE llamaron a las y los legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos, y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones.

Advirtieron que recurrirán a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del Instituto Nacional Electoral y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Carta Magna.

Subrayaron que hoy el INE garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática, por lo que se dijeron preocupados tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las Cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo.

En conferencia de prensa, resaltaron que a pesar de que en reiteradas ocasiones se manifestaron dispuestos a colaboran, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al Instituto no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos.

Precisaron que el artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y que la función electoral, depositada en el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; condiciones que se han garantizado, sin excepción, en 330 procesos electorales federales y locales organizados de 2014 a la fecha.

Respecto al contenido de la reforma, advirtieron deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales.

Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la Credencial para Votar con Fotografía, destacaron.

Alertaron que al desaparecer las 300 Juntas Ejecutivas Distritales que el INE despliega en el territorio pondría en riesgo no sólo la confección del Padrón Electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital.

Destacaron que se apoyarán en todo momento las acciones que  trabajadoras y trabajadores del INE decidan emprender por su cuenta en defensa de sus derechos laborales.

Las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente. Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales, afirmaron.

(Fotos Twitter)