Perú da 72 horas al embajador de México para dejar el país andino
La ministra de Relaciones Exteriores peruana, Ana Cecilia Gervasi, asegura que la decisión de pedir al representante diplomático de México se retire del territorio peruano, se tomó “por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país” sobre la situación política del Perú que constituyen “injerencia en nuestros asuntos internos”. Son, según la ministra, “violatorias del principio de no intervención”
Redacción Círculo Rojo
El gobierno del Perú declaró persona no grata al embajador de México en ese país, Pablo Monroy Conesa, y le dio 72 horas para que abandone la nación andina, luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador diera asilo político a la familia del destituido mandatario peruano Pedro Castillo Terrones.
La ministra de Relaciones Exteriores peruana, Ana Cecilia Gervasi, aseguró que la decisión de pedir al representante diplomático de México se retire del territorio peruano, se tomó por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política del Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos. Son, según la ministra, violatorias del principio de no intervención.
Gervasi, argumentó que esta medida se sustenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
La respuesta de México se dio a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que emitió un comunicado en el que anunciaba que el Gobierno de la Cuarta Transformación había instruido a su embajador a regresar al país para resguardar su seguridad e integridad física. Su legación diplomática quedará a cargo de la primera secretaria Karla Ornelas Loera.
Encuentro esa decisión infundada y reprobable, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon, al rechazar la medida, y dijo, en un mensaje de su cuenta de Twitter, que la conducta del diplomático ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. El canciller descartó cambios en la posición de México ante la crisis de Perú.
La ministra peruana confirmó que se dio el salvoconducto a la esposa de Castillo Terrones, Lilia Paredes, y a sus dos hijos menores, para cumplir con las obligaciones sobre asilo político de la Convención de Caracas, después de que México otorgara esa protección diplomática al destituido mandatario peruano.
Ana Gervasi, advirtió a México que Lilia Paredes es investigada por la Fiscalía de Perú por presuntos delitos de corrupción, y que pedirá su extradición si las autoridades judiciales lo requieren.
Según la Fiscalía, Paredes integró una organización criminal con Pedro Castillo y otros familiares para aprovecharse de recursos del Estado peruano.
La decisión sobre el destino del embajador Monroy Conesa, se da un día después de que el presidente López Obrador se manifestara a favor de que se realicen prontas elecciones en Perú para que se logre una salida a la crisis que enfrenta el país andino.
Las relaciones entre México y Perú se han tensado en los últimos días tras las declaraciones que ha realizado el político tabasqueño en apoyo al presidente destituido y detenido a inicios de diciembre. A Pedro Castillo se le investiga en Perú por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
La cancillería peruana anunció el 15 de diciembre que llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en protesta por lo que consideró como intromisión en los asuntos internos de ese país.
La decisión se dio luego que los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia expresaron en un comunicado conjunto que Pedro Castillo había sido víctima de hostigamiento político desde que asumió el poder el año pasado. Exhortaron al país andino a abstenerse de revertir la voluntad popular expresada en las urnas.
Ana Gervasi, también convocó el 9 de diciembre al embajador Monroy Conesa para manifestarle el rechazo del gobierno de Dina Boluarte por las expresiones de las autoridades mexicanas.
Congreso aprueba adelantar comicios
En un intento por calmar las protestas sociales, con saldo hasta ahora de al menos 26 personas muertas, debido a la destitución del presidente Pedro Castillo, el Congreso de Perú aprobó en primera votación el adelanto de elecciones generales para cambiar de Gobierno y Parlamento.
El proyecto, avalado este martes con 93 votos a favor y 30 en contra, de un Congreso de 130 integrantes, necesita ser aprobado en una segunda legislatura, que se busca que inicie en febrero del próximo año. La propuesta apunta a adelantar las elecciones generales hasta abril del año 2024 y el fin del mandato en julio de ese año. Originalmente, debería culminar en julio del 2026.
Ahora se necesita que el mismo Parlamento lo ratifique en la siguiente legislatura, que se pretende inicie en febrero del 2023, con una segunda votación con 87 respaldos como mínimo.
El proyecto, que implica una enmienda a la Constitución, plantea que las elecciones generales se hagan en abril del 2024 y la asunción de los nuevos titulares del Gobierno y Congreso en julio de ese año. De este modo, los congresistas recortarían su mandato y el del Ejecutivo.
El Congreso empezó su sesión de este martes con un minuto de silencio por la víctima mortal número 26 en las manifestaciones, según el Gobierno, como consecuencia de la convulsión social. El suceso ocurrió el lunes en un enfrentamiento de fuerzas del orden con mineros informales que bloqueaban la carretera en la zona de Chala, en la región Arequipa, a unos 610,4 kilómetros al sur de Lima.
(Fotos Twitter)