Nicaragua quita nacionalidad a otros 94 opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega

Redacción Círculo Rojo

El gobierno de Nicaragua, declaró este miércoles traidores a la patria a 94 opositores y críticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como numerosos periodistas y defensores de derechos humanos, a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles.

La disposición, anunciada por el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía, del Tribunal de Apelaciones de Managua, afecta también a la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al periodista Carlos Fernando Chamorro, a la ex guerrillera Mónica Baltodano y a su familia, así como al ex comandante sandinista Luis Carrión, entre muchos otros.

A los 94 afectados se les declara prófugos de la justicia y, además de perder su nacionalidad, no podrán ejercer cargos públicos ni de elección popular de forma perpetua, indicó la resolución leída por el funcionario judicial.

Tanto Belli como Ramírez, Premio Cervantes de Literatura 2017, quien se encuentra en el exilio, la mayoría de los mencionados en la lista son personas opositoras al presidente Daniel Ortega. Sin embargo, varios de ellos están en Nicaragua.

La sorpresiva disposición de Ortega ocurre apenas seis días después de la excarcelación y destierro de 222 opositores presos, que fueron enviados a Estados Unidos en un avión facilitado por el gobierno de Joe Biden. A todos los expulsados se les quitará la nacionalidad nicaragüense, según se ha informado.

Varios de los afectados reaccionaron contra la medida, como el abogado Uriel Pineda, radicado en México desde hace 10 años. Daniel Ortega y Rosario Murillo no nos quitan la nacionalidad, nos convierten en embajadores de la lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua, tuiteó Pineda.

En tanto, la periodista Lucía Pineda Ubau, directora del canal 100% Noticias, confiscado y clausurado por Ortega en 2018, calificó de ladrones a los gobernantes de su país, que la obligaron a exiliarse en Costa Rica hace cuatro años.

Asimismo, el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, también exiliado, dijo que adquirió sus bienes sin robar ni delinquir, y acusó al gobierno de Ortega de dirigir una dictadura dinástica responsable de cometer crímenes de lesa humanidad en los últimos cinco años.

Consultada por AP, la activista y defensora de derechos humanos, Haydeé Castillo, calificó las medidas del Gobierno en su contra como actos inconstitucionales y por tanto ilegítimos, y consideró que estos hechos revelan la desesperación del régimen porque su final está cerca.

Los delitos imputados contra los acusados son conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, indicó Rodríguez Mejía. Esos delitos se han aplicado a decenas de opositores encarcelados en los últimos años.

Entre los 94 señalados, figuran además el obispo católico Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román, ambos exiliados en Miami, la líder campesina Francisca Ramírez, el disidente ex embajador ante la OEA, Arturo McFields, el ex canciller Norman Caldera y el ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, quien abandonó Nicaragua tras las protestas sociales de 2018.

El texto leído por Rodríguez Mejía se refiere a la confiscación de propiedades como inmovilización y decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades vinculadas a los acusados.

Las confiscaciones de propiedades fueron una práctica común durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), del cual Daniel Ortega fue presidente durante cinco años. Miles de casas, haciendas y empresas industriales fueron expropiadas a personas ligadas al derrocado dictador Anastasio Somoza.

(Fuente APNews/Fotos Twitter)