Respeto a la libre manifestación contra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, demandan ambientalistas
Las agresiones han sido perpetradas por las fuerzas públicas, trabajadores de empresas y el crimen organizado, por lo que se han violentado los derechos humanos a la vida, la integridad, la libre determinación, al territorio, la identidad cultural, la circulación y residencia, la libertad personal, la libertad de expresión, la manifestación, el debido proceso y el acceso a la justicia; los ataques se han registrado en Oaxaca y Veracruz contra personas de pueblos o comunidades indígenas, acusan
Por: Martín Velasco
Organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos exigieron a las autoridades estatales y federales detener la estigmatización y sobre todo las agresiones contra las comunidades indígenas que se oponen a la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a nombre de decenas de agrupaciones denunció que en el marco de la construcción de este megaproyecto, entre octubre del 2021 y marzo de este año, se han registrado 26 agresiones en contra de los activistas y pobladores.
Detalló que los ataques van desde la intimidación, hostigamiento, amenazas, criminalización, violencia física y homicidio.
Las agresiones han sido perpetradas por las fuerzas públicas, trabajadores de empresas y el crimen organizado, por lo que se han violentado los derechos humanos a la vida, la integridad, la libre determinación, al territorio, la identidad cultural, la circulación y residencia, la libertad personal, la libertad de expresión, la manifestación, el debido proceso y el acceso a la justicia; los ataques se han registrado en Oaxaca y Veracruz contra personas de pueblos o comunidades indígenas.
Pidieron a todos los órdenes de gobierno que garanticen el derecho de las comunidades indígenas y equiparables a gozar de entorno seguro para realizar su labor de defensa, como mandata el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, el cual tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible, adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, del cual México forma parte.
(Fotos Twitter)