Suprema Corte anula traspaso de Guardia Nacional a la Sedena

Al avalar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el Pleno de la SCJN considera que el artículo 21 constitucional establece expresamente que la Guardia Nacional “será un ente civil y que su adscripción, así como la determinación de sus acciones, planes y programas, corresponden a la Secretaría del ramo de la seguridad pública, en el caso, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”

Por mayoría de ocho votos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidan la trasferencia de la Guardia Nacional a la Sedena

Redacción Círculo Rojo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó este martes el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, publicado el 9 de septiembre del 2022 en el Diario Oficial de la Federación, una vez aprobado por el Congreso de la Unión.

La declaración de inconstitucionalidad por parte de ocho de los 11 ministros del máximo tribunal, representa un revés para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que controlan vastas regiones del país.

Al avalar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el Pleno de la SCJN consideró que el artículo 21 constitucional establece expresamente que la Guardia Nacional será un ente civil y que su adscripción, así como la determinación de sus acciones, planes y programas, corresponden a la Secretaría del ramo de la seguridad pública, en el caso, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, se invalidó la facultad del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para proponer el nombramiento del titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, quien debería contar con el grado jerárquico de Comisario General, lo que vulneraba la regla de adscripción a la Secretaría de Seguridad Pública, aunado a que el requisito mencionado direccionaba el perfil del titular de la Comandancia hacia el ámbito de las Fuerzas Armadas.

Durante el debate, la también ministra Margarita Ríos Farjat, indicó que el decreto presidencial dejaba en entredicho el carácter civil y adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública e implicaba un riesgo de seguridad jurídica debido a que se tenía un órgano que respondía a dos secretarías, una civil y otra castrense.

Los únicos tres ministros que estuvieron en contra de esta inconstitucionalidad, fueron Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes argumentaron que los comandantes de la Guardia Nacional son quienes tienen el mando de este cuerpo de seguridad y no los militares.

La esencia no cambia, la Sedena no tiene el mando, tiene el control operativo y administrativo. El mando corresponde a los comandantes de la Guardia Nacional. Esta diferencia es importante: quien toma decisiones de la Guardia Nacional es el comandante, dijo el ministro Zaldívar.

En tanto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf comentó que la legislación controvertida no vulnera el artículo 21 Constitucional, pues dijo que el Congreso federal cuenta con una amplia libertad configurativa en materia de seguridad pública.

El esquema planteado mediante el cual el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional está subordinada a la estrategia que dicte la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no implica que se cree un denominado un sistema dual de control, sino es un único modelo que se seguirá existiendo con su gestión de la actuación del militar a un mando civil, afirmó la ministra.

A favor del proyecto de inconstitucionalidad votaron los ministros: Norma Lucía Piña, Jorge Mariano Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Mena, y Luis María Aguilar Morales

Con esta decisión el manejo de la Guardia Nacional deberá retornar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tal como se venía aplicando desde que se constituyó el cuerpo en el 2019 tras la eliminación de la policía federal.

El traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, fue aprobado en septiembre del año pasado por la mayoría legislativa de Morena y aliados, como parte de una reforma legislativa que promovió el presidente López Obrador en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias y activistas que la consideraron un avance en el proceso de militarización en México.

El pasado 12 de abril, López Obrador consideró un error garrafal impedir que la Guardia Nacional dependa de la Sedena: Ojalá lo piensen bien, porque si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error, un error garrafal. Es darle continuidad a la política de García Luna, es continuar con la misma estrategia de la Policía Federal, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de la Secretaría de Gobernación, y se echó a perder por completo, se corrompió, afirmó.

Reproches y aplausos

La decisión de la Suprema Corte causó reproches y aplausos en sectores parlamentarios de la Cámara de Diputados. El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Luis Espinosa Cházaro, sostuvo que el PRD ya había advertido que esta invalidación sucedería; nos da la razón el tiempo y celebro la autonomía del Poder Judicial frente a los embates del Ejecutivo.

Los poderes somos autónomos, tenemos que conducirnos de acuerdo con nuestros principios y, por lo tanto, estos ministros, que no fueron todos, por cierto, habría que preguntarles a los tres que votaron en contra, cuáles fueron sus razonamientos y sus motivaciones, dijo el legislador del sol azteca.

En tanto, el diputado de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que no comparte, pero respeta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalida las reformas legislativas que transfieren el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

No lo compartimos, pero lo respeto. Nosotros respetamos las atribuciones, estemos de acuerdo o no, sean justas o no para el país, hayan interpuesto el criterio por el bien de la nación sobre el criterio jurídico; lo he dicho siempre: hay leyes que son eficaces, pero que no son justas, y en este momento creo que hay que respetarlo, pero que es injusto, y si una ley no es justa, pues yo no la puedo compartir, dijo en declaraciones a los representantes de los medios de comunicación el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

A su vez, el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, saludó el fallo de los ministros. 

Hoy la Corte puso un freno y creo que es muy valioso que lo reconozcamos, que no se le regateé, ocho ministras y ministros valientes que la verdad toman una decisión histórica, subrayó. 

En declaraciones a la presa, el líder parlamentario aseveró que hay muchas instituciones, organismos y derechos que defender, por lo que confió en que la SCJN siga actuando como hoy. 

Hay mucho que defender y ojalá sigue habiendo mucha Corte en México, porque muchas reformas, que son contrarias a la progresividad, a los derechos humanos, están justamente en manos de la Suprema Corte. Este era uno de los decretos más importantes y afortunadamente ahora sí tenemos Presidenta de la Corte y con independencia judicial, señaló.

La legisladora priista, Carolina Viggiano Austria, aplaudió la resolución de la SCJN que invalida reformas que transfieren el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena.

Consideró que al declarar inconstitucional el decreto publicado el 9 septiembre del año pasado, servirá para que el Gobierno federal decida qué va a hacer, porque la Corte finalmente está interpretando bien la ley, tiene razón.

Es apegado a la Constitución y apegado a lo que nosotros hemos propuesto lo que estén resolviendo, y creo que hoy, eso que hicimos para ampliar el plazo puede ayudar a resolver la pregunta: ¿Qué sigue, qué hacemos ahora, qué va a hacer el gobierno? Porque ya tiene que arreglar esto y darnos certeza a todos, apuntó.

Sin embargo, en el corto plazo, no se prevé que la decisión genere un impacto en el manejo que tienen los militares de la seguridad pública, pero sí podría obligar a López Obrador a fortalecer hasta que culmine su sexenio a finales del 2024, el rol de las corporaciones policiales civiles que, según estimaron los analistas, se han debilitado en este Gobierno.

(Fotos Twitter)