Gobierno de México pide a la SCJN resolver impugnaciones contra Ley de Comunicación Social, antes de pronunciarse sobre Plan B
A casi 5 años de haber sido aprobada, las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social, promovidas por senadores, CNDH y Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones, según la oposición no son acordes con la Constitución federal la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto nada, señala la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en su petición a la ministra presidente Norma Lucía Piña Hernández
En orden de prelación y por seguridad jurídica, la SCJN debe resolver primero sobre la constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social, y luego se analice la validez de la reforma en materia electoral, aprobada en diciembre de 2022
Redacción Círculo Rojo
Luego de que se supo que el ministro Alberto Pérez Dayán propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anular la primera parte del Plan B de la reforma electoral, impugnada por partidos de oposición, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó formalmente a la ministra presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, que en orden de prelación y por seguridad jurídica, la SCJN proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma en materia electoral, aprobada en diciembre de 2022.
Recordó que la expedición de la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018, por las mayorías parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones, según la oposición no son acordes con la Constitución federal.
Señaló que al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B).
Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018, resaltó.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, precisó que la solicitud es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión.
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