“Ocupación temporal”, ¿rudeza innecesaria del Estado?

Por: Benjamín Alemán Castilla

Sorpresiva e inusitada, resultó para Grupo México Transportes (GMXT), de Germán Larrea Mota-Velasco, la ocupación de las instalaciones de Ferrosur por elementos de la Marina en Veracruz la madrugada del viernes 19 de mayo, derivado del Decreto publicado ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el Ejecutivo federal bajo la figura de ocupación temporal, recurso que sí existe en la Ley de Expropiación, pero no en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, lo cual podría generar conflictos legales y, a la par, desconfianza entre inversionistas nacionales y extranjeros.

El tramo expropiado de aproximadamente 120 kilómetros, que va de la localidad de Medias Aguas al puerto de Coatzacoalcos, es el segmento ferroviario que requiere el proyecto del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec (CIIT) para poder unir el Océano Pacífico con el Golfo de México desde el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Tomar el control operacional de la infraestructura de Ferrosur en la forma como se está haciendo es una medida equivocada. La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF) establece claramente de qué manera el Estado puede retirar temporal o definitivamente una concesión, que en este caso es en principio por cinco años, revisables, y que a diferencia de la requisa –medida contemplada en la LRSF y que sería la más cercana a esta ocupación temporal–, no se puede apropiar el Gobierno federal de los bienes privados, salvo en casos de guerra o desastre natural, que constituyan seguridad nacional con carácter temporal y dando lugar a la indemnización de los perjuicios que se causen.

Además, la ocupación temporal de Ferrosur es, en principio, un tema que podría llegar a ventilarse tanto en tribunales nacionales como en el marco del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), ya que Union Pacific –el ferrocarril más importante de los Estados Unidos, en términos de extensión de red, volumen de carga, ingresos, utilidades y empleados– tiene una participación aproximada de 26% en Ferromex, empresa hermana de Ferrosur, y en ese contexto, de entrada, la ocupación temporales impugnable.

La rudeza del Gobierno de México resulta entonces innecesaria, sobre todo considerando que había por lo menos otras dos opciones: la primera, que tal vez se hizo pero sin haber podido llegar a un acuerdo, era renegociar el pago del derecho de paso que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) –empresa paraestatal que opera el Corredor Transístmico– tiene con Ferrosur, pudiera hacer uso de la vía en cuestión para llegar al puerto de Coatzacoalcos. La segunda, más costosa pero según GMXT ya había sido aceptada por el Gobierno de México, hubiera sido construir una vía paralela de 120 kilómetros sobre el mismo derecho de vía de Medias Aguas al puerto de Coatzacoalcos, financiada con la contraprestación anual que la empresa paga por el título de concesión.

Con esta intervención (ocupación temporal) se están afectando de alguna manera los flujos de carga que van de Coatzacoalcos hacia la Ciudad de México, y que no son nada despreciables, ya que gran parte de la industria petroquímica mueve productos, precisamente hacia el centro del país, desde el puerto de Coatzacoalcos, entonces, por darle prioridad a la ruta –hoy menos importante en materia de movimiento de carga– de Salina Cruz a Coatzacoalcos, se está perjudicando otra ruta muy importante.

Entonces, sobre la mesa seguramente había alternativas que debieron haberse explorado con mayor profundidad. La cúpula empresarial ha manifestado ya su preocupación por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos en un momento de grandes oportunidades como lo es el Nearshoring. Así, Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sostuvo la plena disposición de dicho organismo para dialogar con el Gobierno de México y construir las mejores opciones que detonen el desarrollo nacional.Mantener el diálogo y la certeza jurídica entre empresarios y Gobierno es condición necesaria para mantener un buen ritmo de inversión, empleo y crecimiento en beneficio de todos, ha dicho Cervantes Díaz al enfatizar el interés de los empresarios por participar en el proyecto de impulso en el sur de México que tanto se necesita.

(Fotos CR)

Benjamín Alemán Castilla

Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM, México) y Doctor en Economía por la London School of Economics and Political Science (LSE, Reino Unido). Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, especializándose en las áreas de economía, regulación sectorial, finanzas y políticas públicas. Fue el primer titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), de agosto de 2016 a noviembre de 2018. Actualmente es profesor de economía en IPADE Business School y socio fundador de ALTTRAC.