Vinculan a proceso a ocho militares y detienen a ex de la SEIDO, por tortura en el caso Ayotzinapa
La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, decretó auto de formal prisión en contra de los ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada, el pasado 21 de junio, y que seguirán recluidos en una cárcel militar; en tanto que Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO fue detenido este domingo, acusado de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos
Pese al avance en las investigaciones y la detención del ex procurador, Jesús Murillo Karam, las pesquisas han tenido muchos vaivenes y los expertos del GIEI siguen denunciando serios bloqueos a sus indagatorias, sobre todo, por parte del Ejército
Redacción Círculo Rojo
Ocho años nueve meses después de aquel 26 de septiembre del 2014, ocho de los 16 militares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, serán procesados por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de los estudiantes, informó este lunes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Alejandro Encinas Rodríguez, destacó también, que este domingo fue detenidos Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
En sendos mensajes de Twitter, el subsecretario de Gobernación, precisó que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, decretó auto de formal prisión en contra de los ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada, el pasado 21 de junio, y que seguirán recluidos en una cárcel militar.
La vinculación a proceso de los ocho militares, que se suma a otros cuatro enjuiciados, es importante porque sus órdenes de aprehensión fueron solicitadas y otorgadas a la Fiscalía General de la República el 19 de agosto de 2022, pero sin dar ninguna explicación la FGR las canceló, lo que provocó la renuncia del anterior Fiscal Especializado para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo; en tanto que abogados y familiares de las victimas consideraron arbitraria e ilegal la decisión. Las otras ocho órdenes de captura contra miembros del Ejército siguen sin ejecutarse.
En cuanto a la captura del ex titular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, el subsecretario de la Segob, comentó que Gualberto Ramírez Gutiérrez, es acusado de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.
Ramírez Gutiérrez, tenía dos órdenes de aprehensión y una de reaprehensión por situaciones como la manipulación de pruebas, así como la de presunta tortura.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, elementos de la Policía Federal Ministerial efectuaron la aprehensión a las 11:15 de la mañana del domingo en la zona conocida como Ojo de Agua, municipio de Tecámac y fue trasladado al Reclusorio Sur.
Guadalberto Ramírez, llegó a la Unidad Antisecuestros en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), y estuvo en ese puesto hasta 2019. Cuando atacaron a los estudiantes participó de manera directa en la integración de todos los expedientes de la investigación que lideraba Tomás Zerón de Lucio, mano derecha de Murillo Karam y actualmente prófugo en Israel acusado de los mismos cargos.
Ramírez Gutiérrez, es uno de los funcionarios que presuntamente participaron en actos de tortura a detenidos clave. Muchas de esas prácticas fueron grabadas en video, según denunciaron los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) en uno de sus informes.
Las numerosas irregularidades registradas en esos momentos, que además de torturas incluyeron manipulación de pruebas y obstrucción a la justicia, hicieron que muchas acusaciones de las decenas de encarcelados se vinieran abajo por violaciones al debido proceso. Algunos de los implicados quedaron libres. Otros siguen en la cárcel por otros cargos.
Aunque la actual administración ha avanzado al declarar el ataque como un crimen de Estado y con detenciones clave, como la del ex titular de la otrora Procuraduría General de la República (PGR). Jesús Murillo Karam, o las de los militares, la investigación ha tenido muchos vaivenes y los expertos independientes que la acompañan siguen denunciando serios bloqueos a sus pesquisas, sobre todo, por parte del Ejército.
Se presume que todos los jóvenes fueron asesinados, porque en más de ocho años no se ha encontrado ningún indicio de vida, pero los familiares siguen exigiendo cada día 26 que las búsquedas continúen y que se llegue a la verdad y la justicia.
(Fotos Twitter)
