Por prácticas monopólicas, sanciona la SFP a 13 empresas prestadoras de servicios de laboratorio clínico y bancos de sangre
De las 121 empresas contratadas de 2021 a 2023, 19 incurrieron en actos de colusión al repartirse ilícitamente las partidas de licitaciones, a partir de la omisión de datos para que resultara ganadora la o las compañías que habían acordado previamente, por lo que se han impuesto sanciones a 13 de esos proveedores, las cuales consisten en 24 inhabilitaciones de entre uno y siete años para participar en procedimientos públicos licitatorios y multas que alcanzan un total de casi dos mil millones de pesos, informa la Secretaría de la Función Pública
Redacción Círculo Rojo
La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a 13 empresas de las 19 que incurrieron en actos de corrupción mientras prestaban servicios integrales de laboratorio clínico y bancos de sangre, informó el titular de la dependencia.
Roberto Salcedo Aquino, detalló que de 2021 a 2023 participaron en el proceso de selección 158 empresas, de ellas 89 fueron contratadas para los servicios de laboratorio clínico y 32 correspondientes a bancos de sangre.
Explicó que de esas 121, 19 incurrieron en actos de colusión al repartirse ilícitamente las partidas de licitaciones, a partir de la omisión de datos para que resultara ganadora la o las compañías que habían acordado previamente, por lo que se han impuesto sanciones a 13 de esos proveedores.
Precisó que desde gobiernos anteriores las empresas utilizan filiales o cambian de razón social para eludir las sanciones y poder seguir participando en contrataciones públicas.
Salcedo Aquino, acotó que las sanciones de la SFP consistieron en 24 inhabilitaciones de entre uno y siete años para participar en procedimientos públicos licitatorios y multas que alcanzan un total de casi dos mil millones de pesos. En cuanto a las seis empresas restantes, informó que están en curso 23 investigaciones por prácticas monopólicas.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Función Pública destacó que de las sanciones y multas determinadas, ocho se encuentran firmes y 16 están pendientes de resolución judicial, ya que las entidades empresariales en uso de sus derechos legales han interpuesto medios de defensa y otras tácticas dilatorias, cuyo propósito es impedirlas.
Esta situación, dijo, permite que las empresas que cometieron irregularidades continúen participando en los procedimientos de contratación, porque no es legal impedirlo hasta que las resoluciones se efectúen.
Para contrarrestarlo, la Secretaría de la Función Pública revisa la documentación de los licitantes por si existe alguna situación anómala o de simulación. Adicionalmente, anunció, está en estudio un proyecto de reforma legislativa que permita la identificación de los beneficiarios finales de las operaciones.
Con objeto de asegurar las mejores condiciones para el Estado en cumplimiento del artículo 134 constitucional y así incrementar la calidad de los servicios de salud en el ISSSTE, está en marcha un proceso para que los servicios de estudios de laboratorio clínico y banco de sangre sean prestados directamente por el Instituto, refirió.
Salcedo Aquino, refirió que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que la SFP debe orientar y promover en las empresas la instrumentación de controles internos y programas de integridad para asegurar el desarrollo de una cultura ética, para lo que puso en operación el Padrón de Integridad Empresarial, que es un mecanismo en el que se registran las empresas que cuentan con una política de integridad conforme al artículo 25 de dicha ley.
Con los controles que se aplican en los procesos de licitación y contratación y con la implementación del padrón de integridad, la Secretaría de la Función Pública actúa para garantizar que los servicios médicos se realicen con eficacia y con honestidad, enfatizó al informar que en el presente año se han atendido más de 100 solicitudes de inscripción en el Padrón y se ha autorizado el registro de 27 empresas.
Al respecto, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, explicó que se rediseñó la licitación pública a efecto de no limitar la participación de los interesados, lo que significa que los servicios se dividieron en un mayor número de partidas a fin de fomentar la participación de empresas locales.
Al mismo tiempo, dijo, se eliminó el requisito de la carta de apoyo del fabricante de los equipos médicos, ya que esto sólo permitía la participación de grandes empresas a través de acuerdos previos con los fabricantes.
El IMSS ha detectado el interés por participar de empresas que han sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública; sin embargo, la ley es tajante y no se pueden evaluar propuestas bajo ninguna circunstancia con empresas impedidas o inhabilitadas, aseveró Robledo Aburto.
Puntualizó que la situación actual de licitación pública de los servicios de laboratorio clínico y de bancos de sangre permite la participación de empresas internacionales, nacionales y locales bajo una rigurosa evaluación legal, técnica y económica. Los fallos están previstos para julio, concluyó.
(Fotos SFP)