La Corte ¿no soy yo?
Desde que llegó a la presidencia de la Corte la ministra Norma Lucía Piña, el presidente mostró su malestar y en varias ocasiones la ha acusado de servir a intereses creados. Cuando la reforma electoral, conocido como el Plan B, llegó al máximo tribunal y cada una de sus partes quedó a cargo de los ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, les apodó sus altezas serenísimas y el presidente comenzó su embate contra los ministros argumentando que no son electos por nadie, no tienen legitimidad popular y habría que cambiar su modelo de selección
“Para los ministros, magistrados y jueces que defienden la Constitución y la democracia”
Por: Sebastián Godínez Rivera
El presidente dio su Quinto Informe de Gobierno y de acuerdo con las reglas no escritas del sistema político, inicia el ocaso del presidente en turno. Al estilo de una conferencia mañanera presumió logros, expuso cifras de un país que no existe y no desaprovechó la oportunidad de arremeter contra el Poder Judicial. Los señalamientos y ataques contra algunos ministros se han profundizado, pero el Ejecutivo ha dicho que tiene la solución, elegir mediante voto popular a los miembros de este Poder.
Desde que llegó a la presidencia de la Corte la ministra Norma Lucía Piña, el presidente mostró su malestar y en varias ocasiones la ha acusado de servir a intereses creados. Cuando la reforma electoral, conocido como el Plan B, llegó al máximo tribunal y cada una de sus partes quedó a cargo de los ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, les apodó sus altezas serenísimas y el presidente comenzó su embate contra los ministros argumentando que no son electos por nadie, no tienen legitimidad popular y habría que cambiar su modelo de selección.
Los asesores del presidente deberían recomendarle leer El Federalista de Hamilton, Jay y Madison; El Espíritu de las Leyes de Montesquieu; a Benjamin Constant o a Jeremy Bentham para comprender de dónde proviene la legitimidad judicial. Todos estos autores concuerdan en que los jueces no tienen un respaldo popular, ya que el papel de un tribunal constitucional no se sustenta en el carisma o los votos, sino en su papel de guardianes de las leyes y garantes de la democracia.
Sin duda México está presenciando cómo desde Palacio Nacional se busca dinamitar la democracia y la división de poderes. La ingeniería constitucional mexicana prevé que un Poder no se anteponga a otro y así guardar el orden en el sistema político, lo cual no debe olvidarse ya que venimos de una historia política autoritaria. Si bien algunos países como Bolivia votan a los miembros del Poder Judicial, la experiencia empírica muestra que las decisiones se toman de manera parcial y no existe una división entre los poderes y el partido gobernante.
Estos últimos meses hemos sido testigos de los continuos embates contra la Corte y el Tribunal Electoral y ahora que ha iniciado un nuevo periodo legislativo, la disputa estará marcada por el presupuesto solicitado. La ministra presidenta convocó a los miembros del Poder Judicial para hablar sobre el presupuesto y defenderlo, en aras de que la justicia no se vea afectada por la austeridad, en palabras de la ministra presidenta.
Para el oficialismo es buena idea reducir los costos de otras instancias de gobierno a través del decreto, sin embargo, carecen de un análisis objetivo y concreto que justifique el por qué de la decisión. Autores como Woodrow Wilson, Dwight Waldo o Max Weber sostienen que tener un presupuesto robusto para las instituciones de gobierno permite que haya un mejor funcionamiento de estas y así puedan cumplir sus tareas con las llamadas 3E eficacia, eficiencia y efectividad.
El inicio del nuevo periodo en el cual posiblemente se le recorté presupuesto al Poder Judicial estará marcado por el arranque del proceso electoral concurrente 2023-2024, el 7 de septiembre, y los ministros serán parte de la campaña presidencial. El populismo ha cobrado forma, el cual desenmascara la realidad de un proyecto político, que pretende regresar a México a un modelo de partido hegemónico, autoritario y unipersonal.
Sin embargo, para llegar a este punto es necesario dinamitar la independencia judicial, sobre todo porque el ejecutivo creyó que con la renovación de asientos en la Corte tendría a este poder cooptado. López Obrador ha criticado a la ministra Margarita Ríos Farjat y al ministro Juan Luis González Alcántara quienes fueron propuestos por el gobierno en turno, pero han votado en sentido opuesto a como el gobierno quisiera.
La ira del primer mandatario se ha materializado en declaraciones en las cuales considera que no sirven a la transformación y gracias a él llegaron allá, tildándolos de traición. Aquí reside la esencia del autoritarismo presidencial, considerando que si las personas llegan a un puesto le deben obediencia ciega, como es el caso de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Recortar dinero al Poder Judicial y proponer que sus miembros se elijan mediante voto popular, es someter su autonomía y alinearlo a la órbita presidencial. Así como en su momento, el Rey Sol,Luis XIV dijo El Estado soy yoel mandatario mexicano buscó ser el emperador sexenal, pero no lo logró del todo. Sin embargo, quiere sentar las bases para que su sucesor o sucesora continúen con el proyecto que solo puede florecer en un entorno limitado y autoritario, así como el PRI que gobernó 71 años de forma ininterrumpida y para eso necesita doblegar a los ministros y ministras autónomos
Sebastián Godínez Rivera
Sebastián Godínez Rivera es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Cursó un diplomado en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Fue profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, es columnista en Latinoamérica21, Politicx y conductor del programa de radio Café, política y algo más.
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