Gobierno de México denuncia penalmente a Grupo México por derrame químico en Río Sonora en 2014
El 15 de septiembre del 2014, Grupo México, propiedad de Germán Larrea y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), firmaron un convenio para, entre otras cosas, crear el Fideicomiso Río Sonora, con un fondo de 2 mil millones de pesos como monto inicial que podría incrementarse según las necesidades para atender los impactos causados por el derrame; sin embargo, de éstos sólo se entregaron mil millones de pesos, denuncia la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González
Redacción Círculo Rojo
Grupo México ha sido denunciado penalmente por el Gobierno de México, al considerar que las acciones de remediación realizadas tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado hacia un afluente del Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, no se llevaron a cabo de manera satisfactoria y que el daño no fue un accidente, sino una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1, así lo informó este jueves la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López, la titular de la Semarnat, sostuvo que este suceso es considerado el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México.
Precisó que los pobladores de la cuenca del Río Sonora continúan exigiendo justicia, por lo que el 4 de julio de 2021, el presidente López Obrador anunció el Plan de Justicia para Cananea, constituido por cinco ejes de acción: Trabajo digno; Atención médica y medicamentos; Bienestar; Mejoramiento urbano; y Salud Ambiental y Derecho al Agua.
Refirió que en atención a este último eje, la Semarnat, a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), elaboró el Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora que con base en evidencia técnico-científica da cuenta de la presencia actual de contaminación en agua, aire, flora y fauna, así como metales pesados por encima de la norma y cuyas muestras están asociadas con la actividad minera y el derrame de 2014.
Albores González, explicó que el 15 de septiembre del 2014 la empresa y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), firmaron un convenio para, entre otras cosas, crear el Fideicomiso Río Sonora, con un fondo de 2 mil millones de pesos como monto inicial que podría incrementarse según las necesidades para atender los impactos causados por el derrame; sin embargo, de éstos sólo se entregaron mil millones de pesos.
Detalló que el Fideicomiso reportó un ejercicio de mil 232 millones de pesos en conceptos agropecuarios, unidades económicas, jornaleros y prestadores de servicios, tomas de agua, tinacos, pipas, rehabilitación de pozos, potabilizadoras, organismos de agua municipales, diagnóstico ambiental, salud, comunicación social, servicios notariales y bancarios y libro blanco, con una aportación de 309 millones de pesos que fueron pagados fuera del Fideicomiso con aprobación de los integrantes del Comité Técnico.
Durante la aplicación de estos recursos, acotó, se encontraron irregularidades como la instalación de una planta potabilizadora en Bacanuchi que sólo operó 2 años, por falta de dinero para energía y pago de personal, y el financiamiento de 9 plantas potabilizadoras más de las que sólo una operó durante un mes, debido a falta de fondos.
A pesar de no haber atendido satisfactoriamente las demandas de la población, en 2017 determinaron la extinción del citado Fideicomiso, por lo que se inició una serie de acciones logrando que en 2020 una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instruyera que ese Fideicomiso permaneciera abierto y que se reintegrara el patrimonio con el que contaba al momento de su extinción a lo cual Grupo México ha sido omiso. Además se les ha invitado a participar como miembros del Comité de dicho Fideicomiso pero no han respondido.
En cuanto al cuestionamiento que hiciera esta empresa sobre las atribuciones del IMTA y el INECC para realizar el citado dictamen, la titular de la Semarnat aclaró que ambas instancias cuentan con las facultades para llevar a cabo las investigaciones científicas que den certeza a los resultados presentados en dicho documento.
Finalmente, la secretaria Albores enfatizó que se exige a la empresa propiedad de Germán Larrea, un programa de remediación avalado por las comunidades para resarcir el daño y continuará dando seguimiento al diagnóstico ambiental y al proceso judicial correspondiente.
Destacó que el pasado 17 de agosto, la Semarnat presentó ante la Fiscalía General de la República en Sonora, denuncia penal en contra de Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre, Operadora de Minas e Instalaciones Mineras y/o quienes, derivado de los actos de investigación, resulten responsables por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, magnesio, plomo, arsénico y vanadio, en los afluentes que se conectan con el Río Sonora.
Acoto que se hizo del conocimiento de la Fiscalía que mediante un resolutivo con fecha del 24 de mayo de 2023, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Semarnat, determinó que no se dio cumplimiento a los Programas de Remediación presentados por Grupo México y que persisten los daños a los recursos naturales.
Asimismo, se solicitó información a Profepa, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Nacional Financiera (Nafin), con el objetivo de integrarla a la carpeta de investigación.
A la fecha, dijo, ya se entregó la información de Nafin a la Fiscalía. La Semarnat reiteró que dará seguimiento puntual a la carpeta de investigación y refrendó su compromiso de continuar trabajando para garantizar el derecho a un ambiente sano y el bienestar de las comunidades afectadas por este incidente.
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