Hubo un segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio y García Luna lo sacó de la escena del crimen: FGR

Redacción Círculo Rojo

A casi 30 años del asesinato del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, la Fiscalía General de la República (FGR), asegura que en el homicidio del político sonorense hubo un segundo tirador de nombre Jorge Antonio S, en ese momento agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, asignado a la seguridad de la víctima, y que fue rescatado por Genaro García Luna, quien era Subdirector Operativo en el propio CISEN.

La Fiscalía lamentó la parcialidad con la que actuó el juez federal, Jesús Alberto Chávez Hernández, quien a pesar de las múltiples pruebas y testimoniales que ubican al acusado en el lugar de los hechos, negó girar orden aprehensión en su contra, por lo que apelará la resolución del Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales.    

Sobre el caso del segundo tirador, en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hace veinte días el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR, que implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente  Genaro “G”, quien era Subdirector Operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana, denunció.

En su comunicado, la FGR sostiene que las pruebas presentadas en contra de Jorge Antonio S, demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos. 

Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima. Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer, afirma.

Además, la FGR señala que un gran número de testimoniales ubican al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a Colosio Murrieta.

Un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima; mientras que también se encuentra debidamente probado que el CISEN de la Secretaría de Gobernación, mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia, acusa.

La Fiscalía refiere que frente a todo el acervo de pruebas aportadas, el juez valora más el video del primer disparo que estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo, señala.

En cuanto a la testigo que el periódico Reforma cita como la única prueba, la Fiscalía lo desmiente, pues ella nunca estuvo en el lugar de los hechos; y no atestiguó nada de lo ocurrido; mientras que en dicho diario sí se ocultan todas las pruebas incriminatorias que constan en el expediente judicial en el que se basa esa nota periodística.

Reprocha que en su afán por justificar su parcial actitud, el juez Jesús Alberto Chávez Hernández, ha llegado al extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance.

A pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia, la FGR confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, por lo que procederá a la apelación correspondiente, debido a la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

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