Gobierno de México solicita juicio político en contra del juez Crescencio Contreras Martínez, protector de criminales
Las cuestionables resoluciones del juez Crescencio Contreras Martínez fomentan la impunidad y niegan el derecho a la justicia al pueblo de México, como en la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada vinculadas con el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho
“Las determinaciones del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas, no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”, señala el Gobierno de México en el documento entregado en la Cámara de Diputados
Redacción Círculo Rojo
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, presentó en la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas.
En nombre del Gobierno de México, denunció que a través de sus resoluciones Contreras Martínez, además de favorecer a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país, fomenta la impunidad y niega el derecho a la justicia al pueblo de México.
Alcalde Luján, refirió que existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público.
En la denuncia entregada a la secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, se señalan diversos casos de alto impacto, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
El Gobierno de México, señala que de parte del juzgador federal, hubo desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces.
Por tanto, se presentó la solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez Crescencio Contreras Martínez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución.
Al respecto, la diputada Báez Ricárdez, señaló que ahora están a la espera de que la Secretaría de Gobernación ratifique en los próximos tres días la denuncia, como lo indica el procedimiento, y una vez que lo haya hecho, el documento se remitirá a la Subcomisión de Examen Previo e informará a los órganos de gobierno de este hecho y así, los diputados procederán a analizar el expediente que le fue entregado.
Dijo que no importa quien haya promovido o impulsado la presentación de esta denuncia, el procedimiento que se sigue es el mismo, y agregó que incluso este tipo de solicitudes han sido promovidas por gobernadores.
Cuestionada sobre las causas que motivaron esta denuncia de juicio político, Báez Ricárdez indicó que no las puede comentar, porque viene en el expediente. Es un expediente que a nosotros no nos toca analizar, y reiteró que serán los diputados quienes analicen los documentos y procedan conforme consideren conveniente.
Nosotros recibimos, sellamos, esperamos la ratificación y lo entregamos a la Subcomisión de Examen Previo, que son quienes se encargan de analizar por completo el expediente, concluyó.
(Fotos Segob)
