Entender y valorar la Suprema Corte
Después de la Revolución de 1910, cuando entró en vigor la nueva Carta Magna, específicamente en los periodos de 1917 a 1994, donde Julio Ríos y Andrea Pozas, hacen un análisis del denominado Pacto de Caballeros. Este consistía en que un ministro metía a un número de personas al Poder Judicial, pero estos no podían ser movidos por algún otro, y este tenía la oportunidad de incluir nuevos
Por: Sebastián Godínez Rivera
La discusión de la Suprema Corte de Justicia data de 1824, cuando la ideología liberal influenciada por Hamilton de una Suprema Corte que resolviera ciertos conflictos, y por el otro lado de Montesquieu donde plantea que es un poder nulo. (2004). Sin embargo, en México la discusión se llevó por medio de la variable de la independencia judicial (Cortez, 2005).
Ya que se buscó que los jueces fueran independientes al Ejecutivo, donde las variables eran que tanto deben de ganar, el tiempo de permanencia en el cargo y la forma en la cual deben ser designados (Cortez, 2005). Lo cual se ha comenzado a estudiar recientemente a través de la Ciencia Política y el Derecho, quienes describen los procesos de socialización y el contexto en el cual se desarrolló.
Después de la Revolución de 1910, cuando entró en vigor la nueva Carta Magna, específicamente en los periodos de 1917 a 1994, donde Julio Ríos y Andrea Pozas, hacen un análisis del denominado Pacto de Caballeros. Este consistía en que un ministro metía a un número de personas al Poder Judicial, pero estos no podían ser movidos por algún otro, y este tenía la oportunidad de incluir nuevos.
El clientelismo también, se hizo presente dentro de este órgano, que se basó en la posición económica, disciplina y sobre todo la protección de todos los beneficios que dan soporte a los personajes que trabajan con los jueces. El cual adquiere mayor relevancia en 1936, debido a que en la Constitución de 1917, donde se establecía que los jueces dejaban el cargo al mismo tiempo que el Ejecutivo, lo cual demostraba que la hegemonía del partido también doblegó a la Suprema Corte, pues la ausencia de normas generó rotaciones de cargos y que nadie cuestionara el pacto.
Sin embargo, durante el régimen de partido hegemónico, los autores ubican tres periodos los cuales adquirieron tintes específicos; el primero date de 1918-1940, el cual se caracterizó porque La ley Orgánica del Poder Judicial estableció que los jueces de cortes menores fueran electos por voto mayoritario y sus poderes fueran transferidos a los jueces de distrito (Pozas y Ríos, 2018,650). Lo que generó uno de los principales cambios en la estructura administrativa.
El segundo periodo abarca de 1936-1975 donde el denominado Pacto de Caballeros, donde se elaboraban listas de elección y estas pasaban unánimemente, pues el contexto de un partido hegemónico ligado a todos los rubros de gobierno hacía que los jueces tuvieran la misma ideología. Las características de los ministros radica en que eran renombrados legalistas que estaban en las filas priistas, que pertenecían al pacto o que habían hecho su carrera desde los niveles más bajos. (Pozas y Ríos, 2018).
El último de 1976-1994 los jueces continuaban con las mismas antiojeras legalistas; que se mantenían allegados al partido y sobre todo que habían sido movidos o dotados por el presidente, sin ningún problema, esto terminaría con la reforma impulsada por Ernesto Zedillo en 1994. Esta reforma dotó de mayores poderes a la Corte y la existencia de gobiernos divididos, abrió la puerta para que el máximo tribunal se convirtiera en mediador entre poderes.
La Corte pasó de ser un poder débil, se le otorgó el poder de la constitucionalidad, lo cual le permitió equipararse con otros órganos del gobierno y con ello brindó estabilidad al sistema de pesos y contrapesos. También obtuvo las acciones de inconstitucionalidad, lo cual refiere la existencia de conflictos entre la ley local y la Carta Magna. Después del 2000 la existencia de un gobierno dividido permitió que la Corte comenzará a votar en contra del partido oficial; también del gobierno de Vicente Fox y donde el máximo tribunal del país comenzó a mostrarse eficiente y efectivo.
El máximo tribunal en 2011, a raíz de la reforma al artículo 1 en materia de derechos humanos, ha obligado a que los jueces no solo impulsen la división de poderes, sino que también son garantes de los derechos humanos, los cuales generan una democracia constitucional. En México la visión legalista tuvo que ser reemplazada por una oleada de jueces que tenían perfiles académicos y que habían estudiado en el extranjero, lo cual se caracterizó porque tenían nuevas antiojeras para interpretar la ley.
Dentro de las principales medidas tomadas en la Corte fue abogar por la libertad de expresión, la libertad de asociación y finalmente todo lo referido a los pueblos indígenas como su autodeterminación, la cultura y preservación de territorios. Su fortaleza ha sido progresiva, pues se ha mostrado independiente ante los poderes del Estado, más hábil para tener control sobre ellos y sobre todo ha registrado una fluidez de la relación con la sociedad debido a que resuelve algunos casos controversiales como el uso recreativo de la marihuana y matrimonio igualitario.
Hasta hoy en día la Corte ha funcionado como un contrapeso al poder político y a los deseos autoritarios que pretenden capturar la democracia. Los embates han sido resistidos por las y los ministros, pero también por la sociedad que ha salido a respaldar al tribunal constitucional. Ahora, con la presentación de la reforma judicial que pretende eliminar la división de poderes, elegir por voto popular a los miembros del Poder Judicial y crear un nuevo Consejo de la Judicatura.
Sin duda, México transita hacia una autocracia, pero esta iniciativa es una revancha porque la Corte ha invalidado leyes o temas que interesan al presidente López Obrador. Su iniciativa no es una propuesta de mejora, sino de acumulación de poder.
Sebastián Godínez Rivera es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Cursó un diplomado en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Fue profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, es columnista en Latinoamérica21, Politicx y conductor del programa de radio Café, política y algo más.
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