Senado aprueba reformas a la Ley de Amnistía para que el Presidente pueda otorgar el beneficio de manera directa
La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, señala que este producto legislativo tiene como objetivo garantizar el derecho a la verdad en asuntos de trascendencia nacional, pues “la nación mexicana tiene heridas que al día de hoy no han cicatrizado, por lo que se debe contar con recursos extraordinarios para poder subsanar las violaciones a derechos que el Estado ha perpetrado en casos donde la justicia no ha tenido avances”
Redacción Círculo Rojo
En medio de un acalorado debate, este miércoles se aprobó en el Senado de la República el dictamen que otorga al Presidente de México la facultad de conceder el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido, a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal y que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.
El proyecto que adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía fue aprobado por la Asamblea con 67 votos a favor y 32 en contra, por lo que fue remitido a la Cámara de Diputados.
En el documento se establece que la amnistía concedida bajo esta modalidad, extinguiría las acciones penales y las sanciones impuestas. Y que en los casos a que se refiere esta disposición no será aplicable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley.
De esta manera, podrán agilizarse los procedimientos y el otorgamiento del beneficio a quien se encuentre interesado, siempre que cumpla con los requisitos y aporte información de alto valor que se requiere en las investigaciones.
La propuesta se circunscribe en el orden de progresividad de derechos para las víctimas y sus familiares, a efecto de que se conozca la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y se logre una reparación integral y efectiva del daño.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, señaló que este producto legislativo tiene como objetivo garantizar el derecho a la verdad en asuntos de trascendencia nacional, pues la nación mexicana tiene heridas que al día de hoy no han cicatrizado, por lo que se debe contar con recursos extraordinarios, para poder subsanar las violaciones a derechos que el Estado ha perpetrado en casos donde la justicia no ha tenido avances.
La ministra en retiro, dijo que se trata de un incentivo a quienes aporten elementos contundentes para el esclarecimiento de hechos que hayan lacerado gravemente a la sociedad, así como en la persecución de los delitos y la sanción de los casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Sin embargo, agregó, no se trata de una atribución abierta al Poder Ejecutivo, pues se establecen varias situaciones para que esta proceda.
En nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, expresó que esta propuesta está encaminada a esclarecer hechos delictivos para alcanzar la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano.
El derecho a la verdad que es el fin último de este dictamen está estrechamente vinculado con la situación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, porque no sólo va a contribuir a esclarecer los hechos, sino que también proporcionaría una sensación de justicia que ayudaría al proceso de recuperación, dijo la legisladora de Morena.
En su oportunidad, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la reforma tiene el propósito de aclarar la verdad histórica de hechos en los que se cometieron asesinatos colectivos, como en los casos de Ayotzinapa, en Guerrero, o el de Tlatlaya, en el Estado de México.
Dijo que también está pendiente aclarar los hechos que acontecieron en Chalchihuapan, Puebla; Allende, Coahuila; San Fernando, Tamaulipas; Buenavista y Apatzingán, en Michoacán, relacionados con masacres que se cometieron durante los gobiernos pasados y en los que nuestra obligación es llegar a la verdad.
Por la bancada de Acción Nacional, y en contra de la reforma a la Ley de Amnistía, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge calificó la enmienda como un exceso y despropósito con miras de inconstitucionalidad que promueve la impunidad, con lo que el Senado le da una puñalada mortal al Congreso de la Unión, pues le quita la facultad exclusiva de conceder amnistía y se la entrega de manera discrecional al Ejecutivo federal.
En este tenor, y en representación del PRI, el senador Mario Zamora Gastélum acusó que la prisa y desesperación por sacar adelante las enmiendas relativas a pensiones, de amparo y de amnistía, obedece a intenciones de robar los ahorros de los trabajadores, impedir amparos al respecto y perdonar a los funcionarios que hagan mal uso de esos recursos, lo que calificó como una trama cuya realidad rebasa la ficción.
También en contra de la reforma, se pronunció la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, quien rechazó que esta reforma coadyuve al esclarecimiento de la verdad, pues no cuenta con condiciones como las que se han establecido en otras naciones para otorgar amnistía, como dejar las armas, no reincidir, reparar a las víctimas o participar en procesos de educación, cuyo mejor ejemplo de la región es el Acuerdo de Paz para Colombia.
Por el PRD, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, denunció que el actual gobierno actúa con hipocresía, ya que prometieron garantizar el derecho a la verdad y ayudar a las víctimas de este país, por lo que esta reforma es contraria a lo que el Ejecutivo prometió hace seis años; ¿a quién se quiere perdonar?, cuestionó.
Previamente, la asamblea desechó, con 63 votos en contra y 30 a favor, una moción suspensiva presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN; su coordinador, Julen Rementería del Puerto, acusó que con este proyecto de reforma se le da un poder omnímodo al titular del Ejecutivo federal, y advirtió que esa facultad se les puede revertir en un futuro a quienes la apoyen.
(Fotos Senado)