Fiscal de crímenes de guerra busca arrestar a líderes israelíes y de Hamás, incluido Netanyahu

Redacción Círculo Rojo

Por considerarlos penalmente responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos tanto en Israel como en la Franja de Gaza desde al menos el 7 de octubre de 2023, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció este lunes que ha pedido se dicten órdenes de detención contra el líder israelí, Benjamín Netantyahu, y su ministro de defensa, Yoav Gallant, así como contra los líderes de Hamás, Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) e Ismail Haniyeh.

En un comunicado, la CPI informó que el jefe del tribunal afirmó que existen motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant son responsables de otros crímenes y delitos de lesa humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina.

Entre ellos figuran la inanición de civiles como método de guerra como crimen de guerra (…) dirigir intencionadamente ataques contra una población civil (y) el exterminio o asesinato.

En cuanto a Yahya Sinwar, Ibrahim Al-Masri (Deif) e Ismail Haniyeh, los considera penalmente responsables de asesinato, exterminio y toma de rehenes, entre otros numerosos crímenes, desde que estalló el conflicto de Gaza tras los ataques dirigidos por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre.

Aunque la Corte Penal Internacional no es una organización de la ONU, tiene un acuerdo de cooperación con Naciones Unidas en el que se establece que el Consejo de Seguridad puede remitir a la CPI cualquier asunto, aun no siendo de su competencia, otorgándole jurisdicción.

Aunque el arresto de Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant, no es de inmediato, el anunció del titular de la CPI si representa un golpe simbólico para ambos, y que ha sido calificado de lamentable y antisemita, que atañe no sólo a las fuerzas armadas sino a todo Israel, sostuvo el primer ministro al advertir que seguirá adelante con la guerra contra Hamás.

Ahora, la decisión de dar continuidad al asunto como el emitir o no las órdenes de arresto, queda en manos de un panel de tres jueces que podría tardar dos meses en emitir su dictamen.

Israel no es miembro de la CPI, por lo que incluso si se emiten las órdenes de arresto, Netanyahu y Gallant no enfrentan ningún riesgo inmediato de ser procesados, pero la amenaza de arresto podría complicar los viajes al extranjero para los funcionarios israelíes.

En tanto, Hamás también criticó las acciones del fiscal, y aseguró que solicitar el arresto de sus líderes pone a la víctima al mismo nivel que el verdugo.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también criticó al jefe de la CPI y dijo que Israel tiene derecho a defenderse de Hamás; la intención de arrestar a Netanyahu y Gallant por la guerra en Gaza es escandalosa, afirmó el mandatario estadounidense al señalar que sea lo que sea que este fiscal esté tratando de insinuar, no hay ninguna equivalencia, ninguna, entre Israel y Hamás, apuntó el mandatario demócrata.

Netanyahu: presión y apoyo

Benjamín Netanyahu, enfrenta una enorme presión, tanto en su país como en el extranjero, para que ponga fin a la guerra. Miles de israelíes se han sumado a las manifestaciones semanales en las que exigen al gobierno de Tel Aviv que llegue a un acuerdo para la liberación de los rehenes que siguen en poder de Hamás ante la preocupación de que el tiempo se agote.

En los últimos días, Gallant y Benny Gantz, dos integrantes del gabinete de guerra israelí, han amenazado con dimitir en caso de que Netanyahu no presente una visión clara de la posguerra para la Franja de Gaza.

De momento se desconoce cuál será el efecto que tendrá la decisión de fiscal en jefe de la CPI en la posición pública de Netanyahu. La posibilidad de una orden de arresto en su contra podría darle un impulso al apelar al nacionalismo de los israelíes. Pero sus rivales también podrían culparlo de generar una catástrofe diplomática para el país.

La más reciente guerra entre Israel y Hamás comenzó el 7 de octubre del 2023, cuando combatientes de Gaza incursionaron en Israel y mataron a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron como rehenes a otras 250.

Desde entonces, Israel ha librado una intensa campaña militar para desmantelar a Hamás en Gaza. La ofensiva israelí ha matado a más de 35 mil palestinos, de los cuales al menos la mitad eran mujeres y niños, según los más recientes estimados de las autoridades de salud gazatíes.

El ataque israelí, también ha provocado una crisis humanitaria en Gaza, donde ha desplazado a cerca del 80% de la población y dejado a cientos de miles de personas al borde de la inanición, de acuerdo con Naciones Unidas.

Sobre las acciones israelíes, Khan dijo que los efectos del empleo del hambre como método de guerra, junto con otros ataques y castigos colectivos contra la población civil de Gaza son graves, visibles y ampliamente conocidos.

La ONU y otras agencias de ayuda han acusado en repetidas ocasiones a Israel de obstaculizar la entrega de asistencia durante el conflicto, pero este rechaza los señalamientos y afirma que no hay restricciones para el ingreso de ayuda a Gaza, además de acusar a Naciones Unidas de no distribuir la asistencia.

De las acciones de Hamás el 7 de octubre, Khan, quien visitó la región en diciembre pasado, dijo haber visto por sí mismo las escenas devastadoras de estos ataques y el profundo impacto de los inadmisibles crímenes.

Durante la incursión a Israel, combatientes de Hamás balearon a un gran número de asistentes a un festival musical y mataron a familias enteras que se resguardaban en sus casas. Estos actos requieren rendición de cuentas, dijo Khan.

La abogada de derechos humanos, Amal Clooney, fue parte del panel de cinco expertos que asesoró a Khan. Dijo que el comité había acordado de manera unánime que había sustento razonable para creer que los dirigentes tanto de Hamás como de Israel habían cometido crímenes de guerra, según el comunicado.

Sudáfrica, que ha estado a la cabeza del caso de genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aplaudió el anuncio de Khan. La ley debe aplicarse por igual a todos a fin de defender el Estado de derecho internacional, señaló la oficina del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.

La Corte Penal Internacional se estableció en 2002 como el tribunal permanente de última instancia para procesar a individuos responsables de las peores atrocidades a nivel mundial: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y el delito de agresión. La Asamblea General de Naciones Unidas ratificó a la CPI, pero el tribunal opera de manera independiente.

Decenas de naciones, como Israel, Estados Unidos, Rusia y China, no aceptan la jurisdicción de la CPI en materia de crímenes de guerra, genocidio y otros delitos.

La Corte Penal Internacional, aceptó al Estado de Palestina como miembro en 2015, un año después de que los palestinos aceptaron la jurisdicción del tribunal.

El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó en 2020 la imposición de sanciones económicas y restricciones de traslado sobre la fiscal de la CPI y de otro alto funcionario del tribunal. Personal de la CPI investigaba a soldados de Estados Unidos y sus aliados por posibles crímenes de guerra en Afganistán. Biden retiró las sanciones en 2021.

El año pasado la Corte Penal Internacional, emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, acusándolo de ser responsable del secuestro de niños de Ucrania. Rusia respondió con sus propias órdenes de arresto a Khan y los jueces del tribunal.

(Fuente Agencias/ONU)