Derechos Humanos de la ONU, pide a las autoridades recientemente electas, adoptar una agenda contra la tortura

Redacción Círculo Rojo

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), llama a las recientemente electas autoridades mexicanas, de los tres niveles de gobierno, a adoptar una agenda para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, considera oportuno atender las recomendaciones que los órganos internacionales han formulado sobre este tema. Las víctimas demandan acciones puntuales y éstas no pueden posponerse, señaló.

Puntualiza que a pesar de que la Ley General, adoptada en 2007, ha sido reconocida como un marco legal de avanzada, aún hay pendientes importantes en cuanto a su cumplimiento. El Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes no ha sido adoptado.

Derechos Humanos de la ONU, señala que la Estrategia Nacional contra la Tortura emitida por la Secretaría de Gobernación en 2023, siendo un esfuerzo loable, no suple la obligación de adoptar una política pública que establezca las bases para combatir la tortura a nivel nacional, por lo que si fuera necesario hacer una adecuación al ordenamiento legal vigente para materializar la expedición del Programa, estaría dispuesta a acompañar dicho proceso.

Puntualiza que los pendientes para que las víctimas accedan a la justicia son apremiantes, y que muy pocas personas han sido sancionadas por el delito de tortura, falta consolidar el Registro Nacional del Delito de Tortura y actualizar el Protocolo Homologado de Investigación de dicho delito. Además, es necesario que las fiscalías del país adopten planes de persecución penal contra este delito.

Asimismo, la ONU-DH también recuerda que persiste una deuda en la atención y reparación a las víctimas de tortura. La Ley General prevé la adopción de programas de rehabilitación de víctimas de tortura, mismos que no han sido adoptados ni por la Federación ni por las entidades federativas. Como consecuencia, las comisiones de víctimas y otras instancias responsables carecen de todas las herramientas para abordar la complejidad de la tortura y brindar una debida atención y reparación a las víctimas.

Para el Alto Comisionados de los Derechos Humanos, el próximo inicio de las administraciones y legislaturas recientemente electas, representa una oportunidad crucial para velar por los derechos de las víctimas, garantizar que nadie sea trastocado en su integridad personal y promover las reformas legales, programas y demás instrumentos necesarios para garantizar el pleno cumplimiento de la Ley General y de los estándares internacionales sobre la materia.

 Adoptar estas medidas, asegura, sería de gran valía para las víctimas y contribuiría a que México cuente con mejores herramientas de cara a la revisión que realizará el Comité contra la Tortura de la ONU sobre la base del octavo informe periódico a ser presentado.

Refiere que estas acciones –sumadas a los crecientes esfuerzos desplegados desde el Poder Judicial Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública, el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, la CONAVIM y el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, así como las organizaciones de la sociedad civil–, contribuirían a desterrar definitivamente una práctica que, además de lesionar a las víctimas, socava la confianza pública.

La ONU-DH reitera su plena disposición para seguir brindando su asistencia y cooperación técnica al Estado mexicano, y refrenda su compromiso de acompañar a las personas sobrevivientes de tortura en sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación.

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