John Keane, el INAI y la transparencia

Por: Sebastián Godínez Rivera

El modelo de democracia monitorizada que plantea John Keane, está sustentado en la transparencia. La cual se encarga de hacer públicos los quehaceres políticos y establecer un sistema de pesos y contrapesos por medio de instituciones que vigilen al gobierno, pero también se toma en cuenta a la sociedad civil organizada. 

En el caso de los estados modernos, que nacieron absolutistas, se busca eliminar la secrecía de las acciones políticas y ponerlas en el centro para su escrutinio público. Sin embargo, con el ascenso del liberalismo, surge la sociedad abierta la cual se caracteriza por ser democrática, por lo tanto, trastoca al poder político y sus deberes, de acuerdo a Jacqueline Peschard.

La ex presidenta del IFAI sostiene que la transparencia es parte fundamental del régimen político y la define como la interlocución y la vinculación de la información pública para que sea difundida al público en general, quienes la reciben, la utilizan y eventualmente, la analiza y la reutiliza. De esta forma los gobernantes están obligados a comportarse de forma adecuada y dentro del marco normativo establecido. 

La transparencia en los sistemas democráticos cumple varias funciones como:

a) La promoción efectiva del gobierno: permitiendo que las acciones y decisiones del gobierno respondan a un diagnóstico técnico y no a opiniones o prejuicios.

b) Fomenta el Estado de Derecho: ya que incentiva el diálogo, la inclusión y el respeto a los disensos que caracterizan a la democracia.

c) Inhibe la corrupción pública: funge como lupa a las acciones de los servidores públicos y si bien no la elimina por completo, genera que esta disminuya.

d) Permite la participación de la sociedad: por medio de mecanismos, instituciones y herramientas que sean de fácil uso y acceso a la población para escrutar políticas públicas.

e) Incentiva el desarrollo económico: los inversionistas y empresarios sienten mayor seguridad al momento de invertir, cuando el gobierno es supervisado.

Llegada la transición democrática en los 2000 la cohesión del sistema autoritario se había perdido y nuevos pilares de la sociedad mexicana reclamaban que el gobierno fuera transparente. El país dejaba de estar bajo el poder de un solo partido y la pluralidad democrática se hacía presente.

Los gobiernos se sometieron al escrutinio público, a la crítica, a la defensa de las ideas y al periodismo de investigación, dando como resultado una desarticulación parcial del sistema corporativo posrevolucionario. No fue hasta que el actual mandatario, comenzó a ver como estorbo a los OCA´s ya que limitan su poder. 

López Obrador desdeña la rendición de cuentas y la transparencia, ya que en el modelo teórico los funcionarios públicos deben cumplir con el answerability o la justificación de las decisiones tomadas. Mientras que las instituciones como el INAI se encargan del enforcement, entendido como la capacidad de sancionar a los políticos que hayan incumplido con sus deberes o haya abusado del poder para satisfacer sus necesidades.

La formación política autoritaria del actual mandatario pretende generar un vuelco al pasado en materia de transparencia, fusionando organismos con secretarías de estado para imponer informes trimestrales sobre el quehacer de su gobierno. En los informes que se presentan datos que no cuadran con las cifras que brindan otros organismos, los informes que se convierten en espacios de polarización y división de los mexicanos, las cuentas que son aplaudidas por una mayoría legislativa sin cuestionar las acciones gubernamentales, pero sobre todo los informes que se dirigen a la gente más humilde, para demostrar que en la comunicación es diferente a los gobiernos anteriores. 

El actual mandatario anhela el pasado político donde el presidente movía a todo el sistema y nada se movía sin él. Esos tiempos difícilmente se recuperarán, así lo plantea el estudioso de la democracia John Keane quién en un artículo destaca que «los comportamientos pseudo democráticos buscan debilitar o aniquilar a la sociedad civil, pues esta deviene en su peor enemigo. Así lo ha dejado ver López Obrador quien desde la mañanera arremete contra estas organizaciones e incluso las acusa de ser parte del antipueblo y aliadas del conservadurismo.

Dentro de su visión, que los ciudadanos que se organizan para vigilar al gobierno, insertar temas de interés en la agenda pública o exigir la transparencia parece al gobierno un desafío. Otro argumento con el que el mandatario juega es ¿Quién los eligió, por qué están ahí si no representan a nadie? Para eso Edna Jaime presidenta de México Evalúa argumenta que si la visión de un gobierno con amplia legitimidad, señala que las organizaciones civiles por no competir en elecciones, no tienen derecho a tener un espacio público, resulta una idea intolerante y autoritaria.

El argumento anterior se engloba en una retórica presidencial donde se busca acabar con la democracia monitorizada y se opta por una democracia mínima de participación en cada elección. El papel de vigilar al gobierno responde a un marco normativo instaurado desde 2002 con la Ley Federal de Transparencia el cual permite que la ciudadanía tenga acceso a la información pública para evaluar el desempeño de la administración. 

El tabasqueño ha dejado ver una vena autoritaria en la forma en la que ejerce el gobierno, incluso en palabras de Keanelos populistas tienen un impulso que les pide destruir pesos y contrapesos para la limitación del poder. Volver a un modelo de estado corporativo, autoritario y omnipotente puede ser realidad, pero no un camino fácil.

Sebastián Godínez Rivera es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Cursó un diplomado en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Fue profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, es columnista en Latinoamérica21, Politicx y conductor del programa de radio Café, política y algo más.

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