Jucopo plantea juicio político a jueces que ordenan suspender debate y distribución del dictamen de la reforma al Poder Judicial a congresos estatales: Monreal

Por: Valentín Alemán Santillán

Ante los ordenamientos de la jueza Quinta de Distrito de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, y del juzgado tercero de distrito de Chiapas, a cargo de Felipe Consuelo Soto, de suspender el debate y votación de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, y en caso de ser aprobada, que el dictamen no se envíe a los congresos estatales para su aprobación, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que en la reunión de la Jucopo se puso sobre la mesa someter a los juzgadores a juicio político, por entrometerse en asuntos de competencia legislativa.

La mayoría legislativa opinó que es una franca intromisión, es una violación a la Constitución y que no tiene competencia ningún juez ni ente ajeno al Poder Legislativo, precisó.

Aclaró que el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, invitado con voz a la Junta de Coordinación Política, fue quien planteo la iniciativa, pero aunque no se acordó, está en el aire esta acción.

Se planteó iniciar acciones, tres acciones contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del Poder Legislativo: juicio político, se planteó denuncia penal por delitos cometidos en la administración de justicia y una queja ante la Judicatura, comentó Monreal Ávila.

El político zacatecano, detalló que el proyecto de decreto se discutirá y votará, en lo general, el martes 3 de septiembre y, en lo particular, el miércoles 4. 

Las sesiones serán, a propuesta del grupo mayoritario, el martes. El martes tendremos la primera sesión. Serán dos sesiones ordenadas, reglamentarias de acuerdo con el procedimiento, explicó.

Ricardo Monreal, adelantó la Jucompo aprobó que en las dos próximas semanas se discutirán la reforma a la Guardia Nacional y la reforma a Comunidades Originarias y Afromexicanas.

De vuelta a la reforma del Poder Judicial, ayer sábado 31 de agosto, en la víspera de la instalación de la LXVI Legislatura, Monreal sostuvo que las resoluciones judiciales son inadmisibles e improcedentes.

Es inadmisible e improcedente toda resolución de cualquier juez o autoridad sobre el desempeño constitucional jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que violente la Constitución y el principio de legalidad, e invada facultades y funciones del Legislativo, dijo en un mensaje publicado en la red social X.

No hay duda de que la desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios, pretendan también frenar esta histórica reforma en beneficio de la población, sostuvo.

Recordó que se han intentado de manera permanente obstaculizar la reforma judicial como una conducta cotidiana de sectores vinculados con jueces, magistrados y ministros.

Señaló que hace unos días el ministro Juan Luis González Alcantara Carranca resistió las presiones y evitó actuar de manera inconstitucional, y antes, cuando el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación con dignidad y sobriedad republicana rechazó la resolución de un juez de Distrito a modo que intentaba invadir la competencia del TEPJF.

Moreal, aclaró que el análisis del dictamen de reforma constitucional en materia judicial está a cargo del máximo órgano político y jurídico sobre el cual se rige nuestro sistema de gobierno que es el Poder revisor de la Constitución, cuya actuación tiene como cimiento su artículo 135, en el que se establece que para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte del sistema jurídico se requiere que el Congreso de la Unión las apruebe por el voto de las dos terceras partes de lso legisladores presentes, así como de la mayoría de legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.

En este contexto, señaló que el poder revisor de la Constitución es la voz del pueblo, por lo que consideró inaudito que quines promueven el amparo sean los propios titulares de los juzgados de distrito.

En tales premisas, esta mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina: que no se somete, ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia, porque no se puede suspender el análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial, puntualizó.

Además, precisó, la representación popular es la que ordena a los legisladores revisar la Constitución, y a los únicos que respondemos es a nuestros mandantes, al pueblo, que fue quien nos designo en las urnas para reformar y adicionar al texto constitucional.

Ricardo Monreal, enfatizó que el Legislativo no tolerará, ni admitirá la intromisión de personas ajenas al Congreso de la Unión, porque de hacerlo implicaría subordinar la voluntad del pueblo, depositada en esta soberanía y en los congresos de las entidades federativas a una injerencia indebida y grosera que no tiene sustento constitucional.

Actuaremos, dijo, con energía y firmeza, es tan absurdo, grotesco e ignorante esta disposición de suspender mediante la vía de amparo actos de otro Poder, que el artículo 61 de la Ley de Amparo dispone en su fracción primera que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ello implica que ninguno de los actos que lleven a la consecución de tal fin, puedan ser materia de impugnación, es pues tal el despropósito que cualquier ciudadano, en cualquier condición, consideraría que es simplemente una actitud de ignorancia jurídica, concluyó.          

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