Excesos de jueces y magistrados afectan la impartición de justicia; 28% de los 21 mil internos en penales federales, sin sentencia: Segob

Por: Valentín Alemán Santillán

El clásico sabadazo para liberar a delincuentes es uno de los excesos judiciales que suelen cometer jueces, juezas, ministros, ministras y magistrados, afectando la impartición de justicia, por lo que la reforma al Poder Judicial es una necesidad que ya decidió el pueblo, aseveró este lunes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

En la mañanera del pueblo, la responsable de la política interna de México, precisó que la liberación de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) a quien el juez Juan Pedro Contreras, le otorga un amparo para dejar sin efecto la prisión preventiva, o el recurso otorgado por la jueza octava de distrito, Adriana Yolanda Vega, para no ejecutar la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, frenan acciones para beneficiar a los mexicanos y garantizar sus derechos.         

Rodríguez Velázquez, destacó estas y otras acciones como no emitir sentencia para 6 mil 97 de las 21 mil mujeres y hombres privados recluidos en centros penitenciarios federales que existen en el país.

Otro ejemplo es en el Centro Femenil de Morelos en el Penal Femenil Federal. De un total de mil personas, mil mujeres que se encuentran ahí, 415 personas privadas de la libertad, mujeres, han esperado entre un año y 17 años para una sentencia. Es decir, por ejemplo, aquí está lista de cuánto es el rango de tiempo en espera: el 34 por ciento lleva entre nueve y 12 años de prisión sin la resolución de un juzgador, resaltó.

También, agregó, se han otorgado amparos y suspensiones contra leyes, obras y políticas públicas, tales como a la Ley de la Industria Eléctrica, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el Tren Maya o los libros de textos gratuitos del ciclo escolar 2023-2024, entre otras, ponen en duda el actuar del Poder Judicial.

Integrantes del Poder Judicial de la Federación han emitido resoluciones y amparos, frenando la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana y garantizar los derechos de la ciudadanía, aseveró.

La titular de la Segob, mencionó, también, la injerencia del Poder Judicial en asuntos electorales, como el recurso interpuesto por el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, y admitido por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, para que la SJCN interpretara y definiera criterios para la asignación de diputaciones plurinominales; procesos viciados en la selección de jueces, como la venta de exámenes de oposición en 186 mil pesos, así como el nepotismo dentro de las instituciones de impartición de justicia, donde 49 por ciento, equivalente a la mitad del personal, tiene al menos un familiar en el PJ.

Recordó que en diciembre de 2023 la ministra Piña Hernández convocó a una cena privada en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a la que asistió el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y fue invitado también Santiago Creel Miranda, coordinador de campaña de la candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez, así como los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La venta de exámenes a 186 mil pesos para la selección de jueces, es otro de los procesos viciados en el Poder Judicial a la par del influyentismo y el nepotismo por el que sólo las personas cercanas a jueces y magistrados resultan vencedoras, resaltó.

Y qué decir del tema del nepotismo, donde en diciembre de 2022 el propio Consejo de la Judicatura Federal reveló que la mitad del personal, es decir, el 49 por ciento equivalente a 24 mil 546 personas del Poder Judicial tienen al menos un familiar trabajando dentro de este poder, el 85.4 por ciento de los magistrados y el 67 por ciento de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial, los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando ahí y el 23.7 por ciento del personal del Poder Judicial tiene más de cuatro familiares trabajando en esta institución, denunció.

Rosa Icela Rodríguez, resaltó que la persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales, esto de acuerdo a la información oficial del propio Consejo de la Judicatura.

La secretaria de Gobernación, destacó que en la actualidad, jueces, juezas, magistrados, ministros y ministras, tienen salario y prestaciones superiores a las que marca el artículo 127 de la Constitución.

Un consejero de la judicatura gana hasta cinco millones 529 mil 451 pesos brutos anuales, mientras que un magistrado recibe cuatro millones 490 mil, 441 pesos al año, y un juez de distrito cuatro millones 050 mil 903, sin importar que tengan denuncias, quejas o sanciones en su contra, como es el caso de la jueza Nancy Juárez, que ha sido señalada por desempeño deficiente, nepotismo y acoso laboral, resaltó.

Rosa Icela Rodríguez, resaltó que desde el 20 de agosto a la fecha, se el paro el paro de jueces, juezas, magistrados y magistradas, ha contado 11 mil millones de pesos al erario en salarios que no han dejado de pagarse.

Como resultado del paro judicial se cancelaron 12 mil 448 audiencias. Hay que decir que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario, apuntó la funcionaria.

(Fotos Presidencia)