Piña Hernández presume: Pleno de la Corte aprueba presupuesto 2025; no es austero, revira ministra Lenia Batres

Por: Valentín Alemán Santillán 

El rechazo unánime que el lunes 21 de octubre manifestaron las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025 –con un 8.2% más respecto a lo asignado este año–, que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández presentó al Pleno del Máximo Tribunal, hizo creer que el miedo no anda en burro y que las y los togados por fin habían entendido que sus percepciones salariales en nada se ajustaban a lo establecido en el artículo 127 de la Constitución Mexicana, respecto a que la remuneración de todo servidor público no podrá ser mayor a la que recibe el titular del Ejecutivo federal.

Sin embargo, el supuesto rechazo del lunes a la propuesta presupuestal de la ministra Piña Hernández, resultó una simulación, pues de acuerdo a la ministra Lenia Batres Guadarrama, la burocracia dorada del Alto Tribunal podría conservar sus privilegios con una piscachita más de presupuesto, si este millonario gasto proyectado (5 mil 922.9 millones de pesos) es aprobado por el Legislativo.

A través de un comunicado, la SCJN señala que la cantidad solicitada que se hará llegar al Ejecutivo federal a más tardar el próximo 5 de noviembre para que se integre al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, representa una disminución de 1.4%, en términos reales (considerando la inflación estimada por el Banco de México para el cierre de 2024), respecto de lo que la Cámara de Diputados le autorizó a este Alto Tribunal para el presente año.

Subraya que este monto es 23.7% inferior, en términos reales, al que le fue autorizado a la Suprema Corte hace siete años (para el ejercicio fiscal 2018), y que para 2024 la Cámara de Diputados hizo el recorte más grande de, por lo menos, los últimos diez años a los recursos solicitados por la Suprema Corte, equivalente a 321.9 millones de pesos (5.3% de lo solicitado).

A pesar de ello, con una política de racionalidad, austeridad y contención del gasto, este Alto Tribunal ha podido ampliar los servicios que ofrece y atender su creciente demanda, mejorando la eficiencia del gasto. Así, en los últimos cinco años, la Suprema Corte ha ejercido, en promedio, casi 99% de los presupuestos que le ha autorizado la Cámara de Diputados, por lo que para el próximo año se han identificado los requerimientos financieros que permitan a las y los ministros hacer su trabajo.

Para 2025, a partir de un riguroso ejercicio de planeación, programación y presupuestación, se identificaron los recursos indispensables para atender los requerimientos humanos, materiales y financieros que le permitan cumplir con sus responsabilidades, apegados rigurosamente a los parámetros de racionalidad, austeridad, efectividad y contención del gasto que se han aplicado desde el ejercicio fiscal 2023, afirman

Sostiene que para cumplir lo dispuesto en el artículo Décimo transitorio del Decreto de reforma al Poder Judicial, se ajustaron a la baja las remuneraciones de ministras, ministros, así como de los servidores públicos de mando.

Refiere que para el rubro de servicios personales se destinarán 8 de cada 10 pesos solicitados, pues es el capital humano el factor clave para contribuir en el cumplimiento del objetivo institucional que es la impartición de justicia y, por ello, del total de 3 mil 805 plazas vigentes, dos terceras partes corresponden a personas servidoras públicas que se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional.

Con los 4 mil 813.2 millones de pesos solicitados para servicios personales –que equivalen a una disminución de 4.1%, en términos reales, respecto de lo autorizado para el presente año–, se cubrirán las remuneraciones y prestaciones previstas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, para garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas de este Alto Tribunal, como lo dispone el Decreto de la reforma judicial.

Sin austeridad ni transparencia: ministra Batres

Pero en opinión de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien votó en contra del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025 de la presidenta de la Suprema Corte, la propuesta aumenta en 135.8 millones de pesos el gasto de la SCJN para el año próximo, que alcanzará un total de 5 mil 922.9 millones de pesos. En porcentaje, el incremento es del 2.3%, respecto al 2024.

Precisó que una vez que durante toda la semana el Pleno del Máximo Tribunal estuvo analizando la propuesta y escuchando las observaciones que pedían reducir su gasto para acatar la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el proyecto fue autorizado sin hacerle ni un solo cambio.  

Refirió que en la discusión de este jueves, insistió en que era posible hacer una disminución real del presupuesto de la SCJN tomando medidas como ajustar el salario de ministros y altos funcionarios al límite que marca la Constitución, en su artículo 127 fracción II, donde señala que nadie que trabaje en el gobierno federal puede recibir percepciones que rebasen al salario de la persona titular de la presidencia de la república.

Puntualizó que en todo el Poder Judicial Federal existen 2 mil 377 funcionarios que ganan más que la Presidenta de la República.

En sus redes sociales, la ministra Batres Guadarrama, compartió entre otras partidas presupuestales, las correspondientes a servicios personales de las y los ministros de 4 mil 813.2 millones de pesos, lo cual significa 21.6 millones menos que en 2024, equivalente a 0.4% menos que en 2024.

Además, destaca el presupuesto operativo de mil 005.1 millones de pesos, lo que significa 110.4 millones de pesos más que en 2024, lo que equivale a un aumento de 12.4%.

Lenia Batres, señala que en el rubro etiquetado como proyectos, se aprobaron 104.6 millones de pesos, lo que representa un aumento de 47 millones de pesos, equivalentes a un 81.6% más que en 2024.

La ministra, sostuvo que en el presupuesto de la SCJN no hay medidas de austeridad, pues se incrementan de manera desmedida e injustificada diversas partidas, e incluso tampoco se transparenta la totalidad de conceptos que integran algunas remuneraciones.

Respecto a los seis fideicomisos de la Suprema Corte, incluidos en los 14 que en conjunto tiene el Poder Judicial, no hay mención alguna en el proyecto de la ministra Piña Hernández, que de acuerdo a la reforma judicial no deben existir y sus recursos deben entregarse a la Tesorería de la Federación. 

No hay medidas de austeridad. Por el contrario, incrementan de manera desmedida e injustificada diversas partidas, como la de obras, refrendó la ministra Lenia Batres al sostener que si bien la propuesta presupuestal aprobada por el Pleno de la SCJN contabiliza el pago por concepto de sueldo y prestaciones ordinarias, no suma prestaciones adicionales que de acuerdo con la ley también forman parte de las remuneraciones, por lo que al sumarse el ingreso bruto de un ministro al año asciende a 5 millones 325 mil 949 pesos, 49% más que las remuneraciones de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.

Asimismo, un ministro de la SCJN recibirá un millón 581 mil 257 pesos por su sueldo anual neto, sin embargo, si se suman los 397 mil 110 pesos que recibirá por prestaciones anuales netas y los 3 millones 347 mil 582 pesos por prestaciones adicionales anuales netas, un ministro recibirá en total una remuneración de 5 millones 325 mil 949 pesos, destacó.

(Fotos @LeniaBatres)