En México, los defensores de derechos indígenas sufren detenciones arbitrarias y largas condenas: ONU
“Me alarma que numerosos defensores indígenas de los derechos humanos no sólo hayan sido criminalizados por sus actividades pacíficas y legítimas, sino que además hayan sido sometidos a penas de prisión muy largas o a detención preventiva prolongada, con la aparente intención de impedirles llevar a cabo su labor en favor de los derechos humanos”, afirma Mary Lawlor, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
Redacción Círculo Rojo
En México, los defensores de los derechos indígenas sufren detenciones arbitrarias y condenas muy duras y largas, denunció este viernes Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
Me alarma que numerosos defensores indígenas de los derechos humanos no sólo hayan sido criminalizados por sus actividades pacíficas y legítimas, sino que además hayan sido sometidos a penas de prisión muy largas o a detención preventiva prolongada, con la aparente intención de impedirles llevar a cabo su labor en favor de los derechos humanos, manifestó.
Lawlor, destacó los casos de 10 defensores indígenas condenados en procesos judiciales que, según ella, indicaban importantes violaciones del debido proceso.
Los defensores de derechos humanos parecen haber sido acusados injustamente de delitos como asesinato, en algunos casos incluso cuando no se encontraban en el lugar o zona donde se cometió el delito, afirmó.
Refirió que las condenas combinadas de nueve de los diez defensores suman casi 300 años de prisión, mientras que Pablo López Alavez, lleva 14 años detenido sin sentencia. En 2017, apuntó, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraría Arbitraria concluyó que la privación de libertad del líder zapoteco, era arbitraria.
La relatora especial, citó los siguientes casos: David Hernández Salazar, condenado a 46 años y 6 meses de prisión; Kenia Hernández Montalván, condenada a 21 años y 9 meses; Tomás Martínez Mandujano, condenado a 43 años y 9 meses; Saúl Rosales Meléndez, condenado a 20 años; Versaín Velasco García, condenado a 58 años; Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez, condenados a 25 años cada uno.
Estas condenas de larga duración representan el extremo de una tendencia muy preocupante de uso indebido del derecho penal contra los defensores indígenas -muchos de ellos líderes de sus comunidades-, con el aparente fin de limitar su capacidad de proteger a sus comunidades y defender los derechos humanos en general, afirmó Lawlor.
Precisó que el trabajo de los diez defensores presos se centra en cuestiones que suponen una amenaza para sus comunidades, como el desarrollo, la explotación de los recursos naturales y la tierra, el efecto perjudicial del modelo económico extractivista y la delincuencia organizada.
Aunque la relatora especial aplaudió la revocación de la sentencia contra David Hernández Salazar, dijo que esto sólo demostraba que las acusaciones contra él habían sido fabricadas, como parece ser también el caso de los otros nueve defensores indígenas de los derechos humanos.
Lawlor, llamó a las autoridades competentes a que revoquen las sentencias de Kenia Hernández Montalván, Tomás Martínez Mandujano, Saúl Rosales Meléndez, Versaín Velasco García, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez, y retiren los cargos contra Pablo López Alavez, y los pongan en libertad inmediatamente.
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