Gobierno de Nicaragua suprime la disidencia y libertad de expresión en las universidades: ONU

La campaña que ha iniciado el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, está dirigida a suprimir la disidencia y la libertad de expresión, que ha derivado en amplias violaciones a los derechos humanos de todo el personal universitario; además, atentan contra la vida y la integridad personal, afectan la educación y la libertad académica, la libertad de opinión y expresión, la libertad de circulación y a la nacionalidad, que pueden ser consideradas, algunas de ellas, como crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, deportación y persecución por motivos políticos, denuncia el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de la Organización de las Naciones Unidas

“El Gobierno nicaragüense ha atacado directamente a las universidades como parte de una campaña represiva generalizada, eliminando su autonomía y convirtiéndolas en centros de control político”, afirma el presidente del Grupo de Expertos de la ONU, Jan Simon, durante la presentación de su nuevo informe en Derechos Humanos sobre Nicaragua

Redacción Círculo Rojo

Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunciaron este viernes que el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, ha iniciado una campaña de represión en las universidades para silenciar a estudiantes, maestros y demás personal en los centros educativos.

La represiva maniobra está dirigida a suprimir la disidencia y la libertad de expresión, que ha derivado en amplias violaciones a los derechos humanos de todo el personal universitario.

En su nuevo informe de 96 páginas, el Grupo de Expertos de la ONU señala que las violaciones atentan contra la vida y la integridad personal, así como afectan a la educación y la libertad académica, la libertad de opinión y expresión, la libertad de circulación y a la nacionalidad, que pueden ser consideradas, algunas de ellas, como crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, deportación y persecución por motivos políticos.

El documento, indica que las autoridades han utilizado la violencia física y psicológica, incluidas amenazas, intimidación, palizas y aislamiento prolongado –que en algunos casos podría equivaler a tortura– contra estudiantes y profesores, especialmente aquellos detenidos arbitrariamente, por haber participado en las protestas de 2018 o por criticar públicamente al Gobierno.

Otra de las conclusiones de los especialistas, apunta a la existencia de una coordinación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para cometer violaciones de los derechos de los estudiantes y el personal universitario.

El Gobierno nicaragüense ha atacado directamente a las universidades como parte de una campaña represiva generalizada, eliminando su autonomía y convirtiéndolas en centros de control político, afirmó el presidente del Grupo de expertos, durante la presentación del informe.

Jan Simon, destacó que la comunidad académica merece espacios seguros y libres para expresar ideas y contribuir al desarrollo social del país, y estos derechos deben ser restaurados urgentemente, pues con estas acciones, el Gobierno está hipotecando el futuro del país.

El informe, destaca el cierre de múltiples universidades en las que se habían permitido movimientos sociales o de oposición al Gobierno, y la expulsión arbitraria de estudiantes y profesores críticos con las autoridades.

En las universidades que no se cerraron, el gobierno de Nicaragua ha instituido medidas de control político, imponiendo restricciones a la libertad académica y de investigación y limitando el acceso a la educación de las personas percibidas como opositores, indica el documento. Estas acciones reflejan un patrón de violencia y represión diseñado para sofocar cualquier voz de resistencia, incluso dentro del ámbito universitario, tradicionalmente un espacio de libertad y de debate.

Según el documento, que incluye una lista de 40 universidades cuya personalidad jurídica fue cancelada, o cuya naturaleza jurídica fue modificada, ya no quedan instituciones universitarias independientes.

Ante esto, el Grupo de Expertos hizo un llamado a la comunidad internacional para que inste al Estado nicaragüense a restablecer la autonomía universitaria, y garantizar la seguridad y la libertad de expresión en el ámbito académico.

Urge una acción internacional para proteger la integridad de las y los estudiantes, docentes y profesionales del sector universitario en Nicaragua, afirmó Simon.

(Fuente ONU)